Desde Medellín

Los colombianos no hicieron caso al pedido del presidente Alvaro Uribe de no votar a la izquierda en las municipales. En Bogotá, el candidato Samuel Moreno, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, sacó casi 900 mil votos, y ganó con un 43,58 por ciento de la votación. El 18 por ciento de los concejales de esa ciudad elegidos ayer también pertenecen al Polo. Además, ganó la gobernación del departamento de Nariño (Sur) con el candidato Antonio Navarro Wolf, desmovilizado guerrillero del grupo M-19. En Antioquia (centro), donde nació una de las mafias más poderosas del mundo con el cartel de Medellín y lugar cuna de los macabros ejércitos de paramilitares, gran parte de los cargos públicos serán para la izquierda. Además, partidos no oficialistas como la Alianza Social Indígena colocaron al nuevo alcalde de Medellín, Alonso Salazar.

Antes de que lloviera, María Oliva depositó sus votos en una caja blanca de cartón que abrieron a las cuatro de la tarde. A esa hora empezó el conteo manual para conocer quiénes serán los 32 gobernadores departamentales, 1099 alcaldes de municipios y 12 mil concejales, diputados y representantes de juntas administradoras locales de Colombia. Parecía haber calma, aunque todos sabían que el clima electoral había sido violento en los últimos días. Veinte candidatos fueron asesinados por la guerrilla de las FARC y grupos delincuenciales en el país, otros seis fueron secuestrados, mientras que algunos salieron ilesos de atentados con fusiles contra sus vidas.

María Oliva, de todas formas, estaba feliz porque pudo salir a votar y el aguacero no la alcanzó. No se preocupó porque Medellín fuera uno de los 576 municipios del país donde, según la Misión de Observación Electoral, no había garantías para ejercer el derecho al voto. Para ella todo estaba tan tranquilo que hasta orgullo le dio de poder andar las calles de su barrio, La Sierra, en un día elecciones. Hace tres años bandas paramilitares se enfrentaban a muerte por las colinas del sector. Hoy, algunos de los muchachos que entonces disparaban fusiles y lanzaban granadas de una calle a otra, eran candidatos a los cargos de elección popular. “Los desmovilizados también merecen oportunidades”, le dijo María Oliva a Página/12.

Uno de ellos es Edwin Tapias, ex integrante del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien entregó las armas en 2004 junto a otros 500 combatientes. Hoy son 46 mil en todo el país. “Eramos un mal necesario, pues no había presencia del Estado en nuestros barrio y tuvimos que asumir la fuerza. Hoy nuestro espacio es la política, es la legalidad, y desde allí defenderemos nuestros barrios que han estado en el olvido”, explicó Tapias a este diario. Ayer, el muchacho conducía una moto de alto cilindraje por las lomas de La Sierra, de abajo a arriba y de arriba a abajo, para coordinar el transporte de sus electores a otras zonas de la ciudad. Hizo que instalaran una laptop para consultar el sitio exacto de votación a través de Internet, a un costado de la única vía de acceso al barrio, esa misma que propuso ampliar y dotar de anillos viales ahora que no se dedica al homicidio y la extorsión.

Sobre desmovilizados como Edwin habló el presidente Alvaro Uribe antes de comenzar la jornada electoral. “Llegamos a estas elecciones sin paramilitares y con la guerrilla debilitada”, expresó en alocución televisiva nacional. Pero con ello confundió más al país. No explicó quiénes y por qué amenazaron a los 56 mil candidatos que contaban con protección policial, aunque sí se esforzó en pedirles a los ciudadanos que no votaran por algunos candidatos de izquierda pues, dijo, eran anunciados en el sitio de Internet de las FARC. Ese fue otro anuncio que no le bastó para impedir que partidos políticos de esa orientación triunfaran en la capital del país y varios departamentos.

Las denuncias por fraudes electorales, compra y venta de votos, amenazas y presiones a los ciudadanos fueron abundantes en el país, donde 50 personas fueron detenidas ayer por delitos contra el sufragio. Así lo registraron comisiones encargadas de observar, como la de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyada por las embajadas de Suecia, Holanda y EE.UU. Pero la expectativa mayor es conocer el nuevo mapa de la parapolítica en Colombia. Hasta ahora no se recibieron denuncias por vínculos de los candidatos con fuerzas ilegales, pero procuraduría, ombudsman y organismos internacionales están atentos a las voces de alerta, sobre todo cuando muchos de los elegidos fueron hasta hace poco los perpetradores de crímenes que aún no se juzgan.