Como un cáncer en un cuerpo ya débil, en los últimos años las mafias italianas han evolucionado hasta afectar la raíz del sistema económico del país. Las familias han afinado sus técnicas y se han dedicado a los negocios. Ahora facturan cerca de 90.000 millones de euros al año –el equivalente al 7 por ciento del PBI– y son la industria más rentable de Italia.

Un amplio debate se abrió esta semana, tras la publicación de un informe de la Confesercenti (la principal asociación de minoristas italianos), que muestra cómo la influencia del crimen organizado se está extendiendo de la pequeña empresa a los grandes negocios. Según los datos recopilados, la mafia es la mayor empresa italiana. Sus actividades principales son la extorsión (10.000 millones de euros), la usura (30.000 millones), el contrabando (4600 millones), los hurtos y robos (7000 millones) y la edificación ilegal (13.000 millones).

“El problema está en la capacidad de estas organizaciones de reinvertir su enorme patrimonio e insertarlo en la economía normal”, explica Francesco Forgione, presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia, quien añade: “Sucede lo que ya avanzó Bernardo Provenzano cuando invitaba a Cosa Nostra a convertirse en empresa”.

Existen tres formas de penetrar en la economía sana. “Por un lado, están los empresarios que quieren abrir su actividad y son acorralados por los clanes, que le impondrán sus reglas”, señala la Confesercenti en el informe. Luego, “un mundo aparte está representado por todas las actividades comerciales y las empresas de los jefes mafiosos”. Finalmente, el fenómeno nuevo y más preocupante es el de “las grandes empresas que pactan con la mafia para vivir tranquilas”, casi como si se tratara de un “seguro preventivo”.

“La mayoría de los arrestos de mafiosos se producen en el sur de Italia –explica Forgione–, pero cuando se descubren sus negocios a menudo resulta que están situados en el norte del país o en el exterior, sobre todo en Alemania y España (en particular, en las islas Canarias)”, según Forgione. A su juicio, la expansión de la mafia es un fenómeno europeo: “Es necesario que la UE reconozca la mafia como un problema común y diseñe una estrategia defensiva comunitaria”, concluye.

La situación se complica cuando al pagar el impuesto de mafia son las grandes empresas las que pactan con las familias para garantizarse tranquilidad en la construcción de obras públicas en una determinada zona. Los clanes les exigen del 3 al 7 por ciento de sus ingresos a cambio de protección. Además, reclaman subcontrataciones para sus empresas. Y es así cómo la mafia penetra en las obras públicas.

El informe cita el ejemplo de Italcementi, el quinto productor de cemento en el mundo, con 22.850 empleados y una facturación anual de 6000 millones de euros. “Frente a la Ndrangheta (la mafia calabresa), Italcementi ha dejado de lado todas las reglas, aguantando costes mayores y favoreciendo al clan de los Mazzagatti en la comercialización del cemento”, reza un informe policial de julio pasado, tras secuestrar bienes por valor de 120 millones de euros a los Mazzagatti. Un portavoz de Italcementi subraya que “los hechos no han sido probados jurídicamente”. En estos días, el gobierno italiano estudia aprobar medidas de seguridad para apoyar a los ciudadanos y empresarios que deciden denunciar los delitos de la mafia.

“Es necesario un Estado más presente”, anunció el presidente de Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, quien indicó como causa de la connivencia entre mafia y empresa “la lentitud de la administración, los tiempos dilatados de la justicia y las carencias en las infraestructuras” respecto de otros países.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.