Crece la controversia en Chile por la venta de la píldora del día después en las farmacias. En una batalla que lleva años, la presidenta socialista Michelle Bachelet salió ayer a responder las críticas de la Iglesia Católica, luego de que el gobierno multara a las principales cadenas farmacéuticas que siguen negándose a vender la pastilla. Las declaraciones se produjeron después de que los comercios de remedios, algunos de ellos sospechados de tener vínculos con el Opus Dei, reaccionaran contra las sanciones oficiales por no ofrecer el medicamento que integra la lista del Ministerio de Salud. Mientras los consultorios de municipios de derecha siguen impidiendo la venta del medicamento, parlamentarios de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI) y de la Democracia Cristiana (DC, partido de la coalición oficialista) presentaron ayer un proyecto en favor de las farmacias.

Bachelet no se quedó en el molde. En respuesta a los cuestionamientos de la Iglesia, redobló ayer la apuesta contra el clero y las cadenas farmacéuticas, que no dan el brazo a torcer desde que el gobierno de la Concertación decidió entregar la píldora tiempo atrás. “En Chile nadie puede ni debe ser violentado en su conciencia en ningún aspecto en la vida”, señaló la mandataria. “A nadie se le puede imponer algo. Lo importante es que las alternativas concordadas en democracia estén a disposición de todos para que puedan efectivamente elegir”, añadió, aunque sin nombrar la pastilla en cuestión.

Mientras las tres principales farmacias y los obispos, apoyados el martes por el papa Benedicto XVI desde Italia, apelan a la objeción de conciencia para impedir la entrega del medicamento, el gobierno fue más lejos anteayer y les aplicó multas millonarias a las cadenas. “En democracia no hay contradicción entre los márgenes de libertad individual y las normas del bien común que a todos obligan”, aseveró Bachelet.

Si bien la pastilla se sigue entregando en farmacias pequeñas y entes estatales, muchos consultorios públicos bajo administraciones de derecha se rehúsan a hacerlo, en un país donde los abortos por año superarían los 130.000, según organismos de salud. Por eso Bachelet defendió ayer la entrega de la píldora. “El deber del Estado es poner a disposición de las personas las alternativas de valores, culturales, educacionales, políticas y sanitarias, y mi obligación y mi convencimiento como presidenta es garantizar que estas normas y principios se cumplan rigurosamente, para que el ejercicio de la libertad individual sea efectivo”, destacó.

Por otra parte, dos diputados, de la DC y UDI, anunciaron ayer un proyecto de ley que busca asegurar el derecho a la objeción de conciencia en farmacias para que puedan negarse a vender el producto. “Los farmacéuticos, los facultativos, tienen el derecho humano básico de representar a la autoridad sanitaria cuando una instrucción o una orden administrativa, en este caso, va en contra de su conciencia”, indicó Jorge Sabag, de la oficialista DC. Según el parlamentario, de esta forma cualquier farmacia podría evitar el aborto.