El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, cedió ante la presión de las manifestaciones y las críticas de otros países. El jefe de gobierno y de las fuerzas armadas anunció ayer que las elecciones legislativas se celebrarán antes del 9 de enero, aunque sin levantar el estado de sitio impuesto el sábado pasado. Asimismo volvió a prometer que abandonaría su actual investidura militar y disolvería esta semana la Asamblea Nacional. La decisión fue aplaudida por Estados Unidos y la ex primera ministra Benazir Bhutto, dirigente del Partido Popular de Pakistán (PPP), pese a que ayer fueron arrestados 250 militantes de su formación. En un juego de toma y daca, sin embargo, el presidente enmendó una ley que permitirá juzgar a civiles en tribunales militares por terrorismo.

Musharraf parece haber dado un paso atrás luego de que la semana pasada decidiera retrasar las legislativas previstas para enero hasta mediados de febrero. El mismo día que la lider opositora Bhutto ofreció nuevas negociaciones con el gobierno pakistaní, las dudas sobre el calendario electoral comenzaron lentamente a disiparse. “Pediremos a la Comisión Electoral que celebre elecciones lo antes posible”, dijo el mandatario a la prensa, poniendo como fecha tope el 9 de de enero, una de las condiciones exigidas por la dirigente del PPP y Washington. Para ello, también prometió la disolución del Parlamento. “La Asamblea Nacional será disuelta cuando cumpla su mandato, el 15 de noviembre, y las Asambleas Provinciales lo serán el 20 de noviembre”, añadió el jefe de la potencia nuclear del sur de Asia.

Si bien la Comisión Electoral aún debe confirmar la fecha concreta en que se celebrarán los comicios, en cambio Musharraf se mantuvo firme en continuar con el estado de emergencia, decretado ocho días atrás en una decisión que, según él, fue la más dificil de su vida. “Es necesario para asegurar la paz y el ambiente apropiado para las elecciones en Pakistán”, señaló el presidente, quien ayer impuso una revisión de la ley militar de 1952 para poder juzgar a civiles en tribunales militares en casos de terrorismo, según informó la agencia estatal.

En respuesta a la segunda condición exigida por Estados Unidos y la oposición, el general Musharraf reiteró ayer su promesa de dimitir a la conducción de las fuerzas armadas antes de jurar su segundo mandato presidencial, que obtuvo el 6 de octubre. Aún está pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre la candidatura de Musharraf, que podría ser inconstitucional por haberse presentado a elecciones presidenciales siendo al mismo tiempo jefe del Ejército.

Desde la imposición del estado de sitio y el retraso de los comicios, el 3 de noviembre, el gobierno de Pakistán despertó protestas de la oposición y la presión internacional, incluso de Estados Unidos, para quien Musharraf es un aliado clave en su guerra contra el terrorismo. No obstante, los últimos anuncios del general parecen haber caído bien tanto a la Casa Blanca como a sus detractores.

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, celebró ayer las noticias provenientes de Pakistán, pese a la vigencia del estado de excepción en ese país. “No es una situación perfecta”, dijo Rice. “Nadie quiere que el presidente George W. Bush haga algo que comprometa la guerra contra el terrorismo”, añadió, precisando que Estados Unidos todavía está revisando su ayuda a Pakistán. Asimismo, Bush hizo hincapié ayer en la necesidad de cooperación de Musharraf para combatir a la red terrorista Al Qaida. “Uno de los países de los que necesitamos cooperación es Pakistán”, indicó el mandatario estadounidense, evitando hacer críticas.

En una jornada en la que cientos de simpatizantes recibieron a la líder del PPP en la ciudad de Lahore, Bhutto también apoyó el anuncio hecho por el gobierno, aunque con desconfianza en que los comicios puedan solucionar la crisis política. “Es un paso positivo hasta cierto punto, pero no ayudará a resolver todos los problemas”, dijo la ex primer ministra. Por eso, Bhutto sostuvo que la larga marcha contra el estado de emergencia prevista para mañana seguirá en pie.

Sin embargo, la opositora sorprendió al mostrarse abierta al díalogo con el gobierno, con el que días atrás no había ninguna perspectiva de conversación. “Todavía no hemos cerrado las puertas a la negociación”, señaló, aclarando que para avanzar Musharraf debería retirarse del ejército, restaurar la justicia, liberar a los presos políticos y restablecer la Constitución. Mientras la principal opositora enviaba señales de acercamiento a Musharraf, la policía paquistaní detuvo ayer en Karachi a 250 militantes de su partido que iban a participar en una manifestación contra del estado de excepción.