Alquiler de bicicletas, autos y motos compartidas, noche en el hotel, en casa de amigos o hasta en el mismo trabajo: Francia se preparó para atravesar la segunda gran huelga de transportes del mandato del presidente conservador Nicolas Sarkozy. Movimiento social contra movimiento reformista, los dos protagonistas de la crisis han posicionado sus fuerzas para lo que se ha convertido en una áspera confrontación social cuyo eje es la reforma de los regímenes especiales de jubilación.

El gobierno se apresta a reformar los regímenes especiales de pensiones que conciernen a medio millón de personas activas y a un millón cien mil jubilados. El esquema vigente beneficia a ciertas ramas gremiales, en especial los ferrocarriles y los transportes públicos, cuyas cotizaciones, antes de la jubilación, se extienden por 37 años y medio. Nicolas Sarkozy, tal como lo había propuesto durante la campana presidencial que lo llevó a la presidencia en mayo pasado, optó por ampliar el período de cotización para equipararlo con el régimen de la función pública, en el cual los empleados cotizan durante 40 años. El oficialismo busca poner término a lo que considera un privilegio no justificado, mientras que los sindicatos abogan por el mantenimiento de los regímenes y denuncian los argumentos del gobierno que pone todo en un mismo plano como si, dicen, ya no existieran más oficios duros que merecen condiciones especiales de aportes jubilatorios.

Ambos actores han cerrado tanto sus posiciones que la huelga de este miércoles, que ya comenzó a afectar los transportes públicos desde el martes a las 8 de la noche, se ha vuelto una suerte de todo o nada. El presidente francés se juega la credibilidad adquirida en las urnas y su capacidad de llevar a cabo las reformas prometidas. Los sindicatos saben que la huelga será seguida masivamente, pero no ignoran que los sondeos de opinión están de acuerdo con la iniciativa presidencial. Se prevé que hoy la circulación del Metro de París esté totalmente paralizada y lo mismo ocurrirá con los trenes y los autobuses. La compañía nacional de ferrocarriles anunció que sólo 90 de los 700 trenes de alta velocidad estarán en circulación hoy y mañana. El conflicto se tiñó de matices amenazantes. Cada sector se aferró a su posición y hasta a veces actuó con un grado de provocación calculada. El tema de los regímenes especiales se fue convirtiendo en un combate por la legitimidad. Siete sindicatos de ferrocarriles se aunaron a la huelga que, en este sector, puede prolongarse por tiempo indefinido. A ellos se les unieron los trabajadores del Metro, los autobuses, los tranvías, los trenes suburbanos, así como los empleados de las empresas de suministros eléctricos y de gas.

El pasado 18 de octubre, una huelga convocada por los mismos motivos paralizó a Francia durante varios días sin que ello haya modificado la postura del oficialismo. Nicolas Sarkozy personalizó la reforma a tal punto que la única perspectiva que se esboza es la victoria a cualquier precio o una derrota catastrófica. El presidente reiteró ayer que el rumbo de la reforma no cambiará de horizonte: “Llevaré a cabo las reformas hasta el final. Nada me desviará de mi objetivo”. El oficialismo encuentra una sólida fuente de legitimidad en las encuestas de opinión. Estas revelan que el 55 por ciento de los franceses apoya la reforma de los regímenes especiales de jubilación y el 68 por ciento teme que este conflicto conduzca a un movimiento social como el que se plasmó en 1995 en torno de la oposición a una reforma similar. Con todo, las coordenadas ideológicas de la época no son similares. En 1995, la sociedad entera se sumó a las protestas mientras que en esta ocasión los focos de resistencia parecen localizados. Sarkozy y su primer ministro, François Fillon, recibieron anoche al conjunto de las organizaciones sindicales para analizar la situación. No hubo acuerdo sobre el conflicto central, pero sí se exploraron algunas diagonales de diálogo futuras. Desde 1995, ésta es la tercera huelga que afecta a Francia a raíz de un plan de reforma del sistema de jubilaciones. El conflicto es, en muchos aspectos, un dilema. Los sindicatos, por ejemplo, no cuentan con el eco popular masivo como para que el previsible éxito de la huelga sea decisivo, a fin de detener la reforma. El sindicalismo francés puede ganar con él, pero al mismo tiempo perder la batalla de la opinión, un terreno donde Nicolas Sarkozy, con la escandalosa complicidad de los medios, reina en amo absoluto. El gobierno, con todo, debe gestionar varios conflictos que se desencadenaron durante el mes de noviembre y que implican desde la policía, pasando por los maestros, los magistrados y los estudiantes. Las fuerzas de seguridad desalojaron ayer a palos a los estudiantes que bloqueaban los accesos de la Universidad de Nanterre, una de las doce universidades que se levantaron para protestar con un proyecto de ley que les otorgaría autonomía presupuestaria a las universidades. El domingo pasado, una coordinación nacional de estudiantes llamó a protagonizar una suerte de “convergencia de las luchas contra el gobierno”. Si bien Nicolas Sarkozy mantiene altos índices de popularidad, las últimas salvas de sondeos muestran que el mandatario pierde terreno, al tiempo que la sociedad tiene una opinión muy crítica sobre su política económica. En lo que atañe al poder adquisitivo, el 71 por ciento estima que las medidas adoptadas por el gobierno “no son eficaces”.