Desde Sucre

Los embajadores de la Unión Europea mostraron su influencia sobre el presidente boliviano, Evo Morales. Ayer, luego de una reunión en el Palacio Quemado, el mandatario pidió a la Asamblea Constituyente que convoque a todos los partidos políticos para terminar de redactar la nueva Constitución, pese a que horas antes había pedido que la Carta Magna esté lista hasta el 14 de diciembre y que le daba igual si asistía o no la oposición. Desde agosto de 2006, Morales ha repetido que si no hay consenso en la Asamblea, el pueblo debe ser el que decida con su voto a través de un referéndum, pero ahora, tras tres días de enfrentamientos en Sucre, tres muertos, más de 300 heridos, un paro en seis de nueve provincias y la presencia de la UE, el presidente decidió llamar a distintos diálogos, tanto a los asambleístas como a los sectores de oposición y a los productores.

En la oposición, la convocatoria fue tomada con pesimismo. Rubén Darío Cuéllar, jefe de la bancada de Podemos, asegura que la única forma en que aceptarán dialogar con el gobierno de Morales es si el cardenal Julio Terrazas es el garante y mediador de esas charlas. Además, pidió que sea un diálogo más grande, que no sólo incluya a los asambleístas, sino que también involucre a los gobernadores, representantes cívicos, líderes regionales, partidos políticos y representantes de los movimientos sociales. Angel Villacorta, cuarto vicepresidente de la Asamblea y representante del centrista Unidad Nacional, se preguntó para qué dialogar si en todas las negociaciones que se han dado nunca se ha llegado a nada. Mientras que Eduardo Yáñez, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario, asegura que ya no le cree a Morales, ya que por un lado intenta dialogar, pero siempre termina por imponer su voluntad, sin escuchar a los interlocutores. “Si el presidente realmente quisiera diálogo, no denigraría a las personas con las que quiere negociar”, dijo.

La propuesta de Podemos podría estar cerca de concretarse, ya que Morales también llamó a la mesa de diálogo a los nueve gobernadores, seis de los cuales rompieron relaciones con él en noviembre de 2006. “Mi gobierno es de la cultura del diálogo”, dijo, pero también acusó a los opositores de tener doble discurso, por un lado hablan de unidad y por otro piden independencia y llaman a la desobediencia civil. El presidente se refiere a lo sucedido en una reunión de cívicos de Santa Cruz, en la que un orador, ligado a la luchas por las regalías petroleras cruceñas en 1958, pidió tomar de nuevo las armas “para defender la región”. El auditorio respondió gritando independencia. Además, los representantes de las provincias autonomistas llamaron a la desobediencia civil y al desacato de la nueva Constitución si el partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo, insistía en continuar con la Carta Magna, pese a que fue aprobada sólo por 136 de los 255 asambleístas y sólo con leer el índice y no los artículos.

Para Morales, la Fiscalía General de la República debe actuar y enjuiciar a los que llaman al desacato, pero los cívicos y gobernadores de oposición amenazan con huelgas de hambre masivas y autonomía de facto si Morales no atiende a sus demandas.

Junto con el líder indígena, nueve gobernadores llegaron al poder en enero de 2006. Era la primera vez que fueron elegidos por voto universal, ya que antes los designaba el presidente. Pese a que Morales obtuvo 53,6 por ciento de los votos, sólo consiguió tres de las nueve gobernaciones y ayer, de manera oficial, perdió una. David Sánchez, gobernador de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, decidió alejarse del Movimiento Al Socialismo por los hechos sucedidos en su capital. Aseguró que nunca había militado en el partido de gobierno, que era un invitado y que actualmente analiza la posibilidad de fundar una agrupación ciudadana (un partido regional). Sánchez estaba acosado por la población, que le exigía su renuncia tras los hechos del fin de semana pasado. Mediante una comunicación telefónica, ayer anunció que no renunciará y que la única forma de que deje su cargo será a través de un referéndum revocatorio, algo que la ley boliviana no contempla en la actualidad.