Por Bosco Esteruelas e Isabel Piquer *
Desde Bruselas y Nueva York

Romano Prodi se había mostrado firme este verano contra los pasos de Estados Unidos para lograr acuerdos bilaterales de inmunidad con los países miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI). Sin embargo, el presidente de la Comisión Europea ha regresado de las vacaciones menos combativo y más comprensivo con quienes tratan de dar acomodo a las peticiones de Washington, pese a que los servicios jurídicos comunitarios opinan que viola el espíritu de ese tribunal. Los 78 países firmantes del Estatuto de Roma comenzaron ayer a dar forma al TPI con la primera reunión para la elección de los 18 jueces y el fiscal que juzgarán genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“La Comisión no se distancia de la evaluación hecha por los servicios jurídicos, pero, aunque no tiene una posición política al respecto, cree que hay alguna fórmula para llegar a un arreglo”, declaró a este diario un portavoz del comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), el británico Chris Patten, que en julio pasado se había mostrado muy irritado con la amenaza de Estados Unidos de no respaldar misiones de paz de la ONU si no se encontraba una fórmula a sus exigencias de dar una inmunidad por un período de al menos un año a sus militares.
El portavoz de Prodi –que había reprendido a un candidato al ingreso en la UE, Rumania, por haber firmado un pacto con Washington sobre la TPI– también se acopló a la sintonía escuchada el pasado fin de semana en la reunión informal de los ministros de Exteriores en Dinamarca al afirmar que estaba convencido de que los Quince alcanzarán una solución este mes “sin socavar los principios del tribunal”. Británicos e italianos son los más proclives a suscribir acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Expertos legales de los Quince se reunirán hoy en Bruselas para hacer una evaluación no política, que servirá de base de discusión para cuando los ministros de Exteriores europeos se encuentren con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, este mes en el curso de la Asamblea General de la ONU.
“Este tipo de acuerdos bilaterales son ilegales y no hay base jurídica que los sostenga”, manifestó a este diario Richard Dicker, portavoz de Human Rights Watch. “Estados Unidos busca abrir fisuras entre quienes han ratificado el tratado y si lo logra dañará su eficacia. Después de Washington lo pedirán también India, China, Rusia, etc.”, agregó el responsable de esa organización proderechos humanos norteamericana. También Amnistía Internacional censuró la actitud de la administración Bush y pidió a los Quince no ceder a las “presiones norteamericanas” sobre el TPI, un tribunal internacional destinado a juzgar los crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio. “El objetivo de estos acuerdos es socavar y debilitar el nuevo sistema que la comunidad internacional está creando precisamente para acabar con la impunidad ante los peores crímenes que la humanidad ha conocido”, afirmó AI en una carta enviada a los países miembros de la UE.
La Asamblea de los Estados miembros del TPI que comenzó ayer debía ser una reunión técnica de puesta a punto y un motivo de celebración para la justicia internacional después de la entrada en vigor, el pasado 1º de julio, del estatuto de la Corte. Pero la feroz oposición de Washington puede convertir esta asamblea en una reunión mucho más política y polémica, y sin dudas poco productiva. Hace mes y medio, Washington consiguió de la ONU una inmunidad de un año para sus cascos azules. Desde entonces no ha cesado en su campaña contra el TPI y ha intentado forzar un pacto similar con la OTAN. A principios de agosto, el presidente George W. Bush ratificó el American Servicemember’s Protection Act (ASPA), que protege a los estadounidenses de las actuaciones del tribunal. El tema central de la reunión, que ya tiene divididos a sus miembros, es la elección de los 18 jueces de la Corte. Los países del grupo occidental prefieren que los magistrados sean elegidos con criterios puramente profesionales en función de su experiencia en derecho internacional. Los países de Asia y Africa, que son minoría, piden una representación por regiones. Costa Rica y México han propuesto una solución intermedia, que tenga en cuenta ambos criterios. El TPI espera tener resueltos estos temas para empezar a funcionar en 2003 desde La Haya.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.