Los tribunales de la Audiencia Nacional madrileña volvieron a convertirse durante la pasada semana en referentes del avance de la Justicia española en su afán de traspasar las fronteras, cuando se trata de castigar la comisión de delitos de lesa humanidad. Por un lado, el miércoles se dictó la orden de detención contra cuarenta militares de Ruanda acusados por los crímenes cometidos en ese país centroafricano entre 1994 y 2000, incluido el actual presidente Paul Kagame que no podrá ser procesado por tener inmunidad presidencial. A su vez, durante toda la semana comenzaron a desfilar los testigos en el juicio que se sigue contra militares guatemaltecos responsables del genocidio llevado a cabo en ese país durante la década del ochenta contra la población maya.

El proceso contra los militares ruandeses es el resultado de una investigación que la Audiencia Nacional comenzó a poner en práctica a mediados de 2005 tras una demanda presentada por el Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en la zona de los Grandes Lagos. El genocidio que comenzó en Ruanda en 1994 y que según Naciones Unidas causó la muerte de al menos 800 mil personas, fue planificado según la investigación de la Justicia española por los hombres que se hicieron con el poder “por la fuerza, tomando el control absoluto de la estructura del Estado, generando a partir de este momento un auténtico régimen de terror”. El auto de procesamiento añade que el actual presidente ruandés, Paul Kagame, “no ha sido procesado porque, como jefe de Estado, tiene inmunidad”. Desde su llegada al poder, en 1994, Kagame incitó a la violencia racial entre los miembros de las etnias tutsi y hutu, un proceso que culminó en uno de los mayores genocidios ocurridos en Africa.

En el proceso abierto en Madrid se investiga en particular el asesinato de nueve ciudadanos españoles en el país africano. Pero la Justicia española no se queda ahí y ha decidido procesar a los inculpados por haber “cometido horrendos crímenes contra la población civil, tanto nacional como extranjera, preseleccionada por motivos étnicos y/o políticos so pretexto simulado de seguridad”. “Existen indicios racionales y fundados de que los máximos responsables de la organización político-militar APR/FPR, entre los que se encuentran los aquí procesados, han desplegado todo un abanico de metodología criminal”, según explica el auto de procesamiento resumido publicado por la Audiencia.

Las autoridades de Ruanda no dejaron pasar la oportunidad para quejarse por el inicio de este proceso y no han dado muestras de que vayan a colaborar con la acción de la Justicia española. En declaraciones a la agencia AFP, el portavoz del ejército ruandés, el mayor Hill Rutaremara, sostuvo que el procesamiento de los 40 militares de su país por genocidio en España es una operación que busca “empañar la imagen de Ruanda” y forma parte de una campaña “malintencionada que fracasará como las anteriores”.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comenzó la semana pasada a tomar declaración a una veintena de testigos de las masacres ocurridas en Guatemala durante los años ochenta, que también merecen el calificativo de “genocidio” para la Justicia española y que culminaron con la muerte de al menos 250 mil personas, de las que 45 mil siguen desaparecidas. El 83 por ciento de las víctimas eran campesinos de origen maya.

Los testigos, mucho de ellos protegidos, llegaron a Madrid el pasado lunes acompañados por miembros de la organización Center for Justice & Accountability (CJA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe). Entre ellos se encuentran numerosos familiares de desaparecidos y algunos sobrevivientes de las atrocidades llevadas a cabo por los militares de ese país, además del reconocido antropólogo español Javier Gurriarán y el periodista Allan Nairn.

Esta causa, en la que se encuentran imputados el general retirado Angel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas, además de los civiles Pedro García y Donaldo Alvarez, fue iniciada en los tribunales españoles a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999 en la que acusa a los imputados de genocidio, torturas y terrorismo de Estado. La investigación del juez Pedraz se centra en la presunta participación de los siete acusados en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, que ocasionó 37 muertos, muchos de ellos de nacionalidad española. A su vez, se investiga la participación de estos militares en delitos de genocidio contra la población maya.

Pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal de justicia del país centroamericano, resolvió el pasado 19 de diciembre que España no era competente para llevar a cabo el juicio por estos hechos y anuló el proceso que había abierto el juez Pedraz. Sin embargo, el magistrado español decidió continuar acusando a Guatemala de “no investigar los delitos referidos, dando clara cobertura a la impunidad” y colocándose en la “órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos”. En los próximos meses está previsto que continúen llegando al país nuevos declarantes, ya que el juez Pedraz hizo un llamamiento a ciudadanos “de todo el mundo” que hayan sido testigos de las masacres en Guatemala, a que se presenten en los tribunales madrileños para ayudar a consolidar la causa.