Los jefes paramilitares desmovilizados sacaron a relucir otra vez sus coronitas de oro. La policía colombiana encontró una granada, una 9 milímetros y 5800 dólares en el pasillo frente a sus celdas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüi, donde esperan los juicios. “Hubo unos indicios que nos llevaron a hacer una inspección, llegamos de sorpresa y por eso lanzaron la pistola y la granada”, explicó ayer el general (R) Eduardo Morales, director del penal. A pesar de la sorpresa, no los llegaron a agarrar con las manos en la masa y nadie vio quién tiró las armas y la plata. El presidente Alvaro Uribe prometió investigar y castigar a los responsables, inclusive amenazó con extraditarlos. Sin embargo, todo indica que los jefes paras –aliados confesos de gran parte del uribismo– volverán a salirse con la suya.

Desde el principio de la desmovilización había quedado claro que ser paramilitar iba a tener sus ventajas en la cárcel. En 2004, los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron sus armas y sus soldados y se pusieron a disposición del gobierno, quien les respondió el gesto con otro gesto. Uribe ordenó reabrir un viejo club vacacional estatal y lo acomodó para la larga espera de los paramilitares. A pesar de estar acusados de más de veinte mil asesinatos, miles de desapariciones y de haber torturado y amenazado a cientos de miles de colombianos, los 38 miembros de la cúpula de las AUC podían ir y venir sin restricciones dentro del predio y recibir a quien quisieran cuando quisieran.

Pero, finalmente, la imagen pública fue más fuerte que los acuerdos extraoficiales. Uribe, acosado por las denuncias en contra de sus ministros, legisladores y gobernadores por la llamada parapolítica, ordenó mudar a los jefes paras a una cárcel de máxima seguridad. Itagüi fue el lugar elegido, principalmente porque contaba con pabellones separados. Después de todo, un acusado de crímenes de lesa humanidad no es lo mismo que un delicuente común.

Por eso, los jefes de las AUC consiguieron su propio pabellón y algún que otro beneficio. Mientras los presos “de alta peligrosidad” pasaban sus días en celdas de 2 metros por 1 superpobladas, sin programas de reinserción social, en el pabellón especial de las AUC la rehabilitación era un tanto diferente. Según abogados de derechos humanos que conocen el penal, los paras se cultivan con clases de piano y horas de Internet. Pero como para aprender hay que estar cómodo, el gobierno les garantizó celdas de 5 metros por 5, con baños propios, cocineros especiales y un permiso para utilizar sus celulares, sin ningún tipo de control policial.

“Y cómo si no tuvieran suficientes beneficios, hay que agregarle todo lo que pueden comprar con sus millones de dólares”, le dijo a este diario un abogado de derechos humanos que pidió el anonimato. Las organizaciones de víctimas hace años que sostienen que los jefes paras no sólo siguen dando órdenes desde la cárcel, sino que además han escondido sus verdaderas fortunas para no tener que entregarlas como indemnización a sus víctimas, que ordena la ley. “Sólo corrompiendo a un guardia pudieron haber entrado una pistola y una granada”, agregó el abogado, quien destacó que normalmente no se puede ingresar nada metálico, ni una moneda.

A pesar de los matices que quiere imponer el gobierno de Uribe, ni la corrupción en el sistema penitenciario ni el poder de los paramilitares es una sorpresa. El año pasado una investigación interna de la policía demostró que el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco, ordenaba asesinatos y controlaba las rutas para sacar del país cocaína por celular. El gobierno se sorprendió y lo castigó y las investigaciones se frenaron. Hace unos días, Macaco volvió a demostrar lo bueno que es ser paramilitar en Colombia. A pesar de ser un preso común en una cárcel común, seguía teniendo algunos beneficios. Mientras sus compañeros sólo recibían visitas una vez por semana, él tenía visitantes todos los días. El gobierno volvió a sorprenderse y castigó al director del penal, Alvaro Marín.

Ayer, el gobierno volvió a sorprenderse y prometió castigar a quienes hayan ingresado las armas y el dinero. El problema es que nadie vio nada y no hay pruebas contra ninguno de los paramilitares en particular.