El gobierno de Alvaro Uribe sigue encontrando vías legales y diplomáticas para justificar la inmunidad del personal militar norteamericano que está en Colombia respecto del alcance del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI). Ahora desempolvó un convenio sobre inmunidad suscripto en 1962 que garantizaría tal inmunidad. En el plano doméstico, la gestión de Uribe prepara, al amparo del estado de conmoción interior, un programa de estímulos para el abandono de armas y la desmovilización de integrantes de los grupos ilegales, que incluye beneficios como la amnistía y el indulto, mientras el grupo paramilitar de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se ha reunificado bajo el mando de Carlos Castaño.
“Colombia, desde el año 1962, en el marco de la Alianza para el Progreso, hizo un convenio con Estados Unidos que otorga inmunidad a todos los cooperantes militares y no militares que vienen a Colombia”, explicó la canciller Carolina Barco a la prensa local, tras indicar que la última vez que se le hizo un anexo a este convenio fue el año pasado en el marco del Plan Colombia. La declaración de Barco se conoció en momentos en que el presidente Uribe se prepara para suscribir un acuerdo que eximiría a los funcionarios o militares norteamericanos que operan en Colombia de un eventual juicio ante el tribunal internacional. El vicepresidente Francisco Santos dejó entrever hace poco que el gobierno accederá a los pedidos de Washington, al que considera su principal aliado. Bogotá se convertiría en uno de los primeros gobiernos latinoamericanos en suscribir el acuerdo de inmunidad solicitado por la Casa Blanca.
En el marco del estado de excepción que decretó Uribe el 12 de agosto pasado, a días de asumir la presidencia de Colombia, por una sola vez durante los noventa días que rige la figura de conmoción interior, se extenderán beneficios jurídicos, políticos y socioeconómicos a quienes abandonen de manera voluntaria e individual las organizaciones guerrilleras o paramilitares.
Bajo el mando de Carlos Castaño y tras superar una crisis interna, los paramilitares anunciaron su reagrupación, luego de que el propio Castaño denunciara los vínculos de su grupo con el narcotráfico. Castaño justamente declaró ayer que está dispuesto a ser enjuiciado en Estados Unidos, donde se lo acusa de narcotraficante. Las AUC divulgaron en Internet que manifiestan su disposición de participar en un proceso de paz. La segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó ayer a diez de los 27 turistas que fueron secuestrados en Chocó el 20 de agosto.