Desde Madrid

Doce años después, María Teresa Fernández de la Vega cumple un sueño. Como lo deseaba en 1996, la vicepresidenta del gobierno español encabezará la candidatura del PSOE por Valencia, la provincia donde nació. A diferencia de su padre, que fue un alto funcionario del Ministerio de Trabajo durante el franquismo, De la Vega inició su militancia en un partido socialista de Cataluña hasta que lo abandonó en 1979. Después de haber ocupado diversos cargos en el poder desde 1982, la sustituta del presidente español José Luis Zapatero se reivindica de izquierda, defiende la reducción de impuestos y apoya la expulsión de los inmigrantes no regularizados.

–El ministro de Interior dijo el 13 de marzo de 2004 que España no se merecía un gobierno que mintiera. Ahora acusan al PSOE de negar los contactos que tuvo con ETA tras el atentado de la T4.

–El gobierno no ha mentido nunca jamás. Siempre ha dicho la verdad y siempre ha cumplido su palabra. Hubo un atentado y ETA rompió la tregua. Y a partir de ahí se acabó. Después, lo que hubo es que diversas organizaciones internacionales de algunos países que habían estado mediando y trabajando en el proceso sondearon si podía haber alguna posibilidad y lo transmitieron al gobierno. Pero el gobierno había dicho que después del atentado de la T4 se habían roto todas las posibilidades. En cambio, el PP utilizó el terrorismo en la lucha partidaria.

–¿En qué condiciones se plantearía el gobierno volver a tener un diálogo con ETA para el fin del terrorismo?

–En ninguna. El único escenario posible es el cese definitivo de la violencia.

–¿No fue ingenuo pensar que la mitad de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no tenía vinculación con Batasuna, el partido de ETA, y dejar que se presentaran a las elecciones para siete meses después ilegalizarlos?

–A los partidos políticos los ilegalizan los jueces y para eso hay que ir con pruebas. No ha habido pruebas hasta ahora. Nosotros hemos puesto en la ilegalidad a un partido, el PCTV, que el PP puso en la legalidad. No actuamos por razones de oportunismo político.

–Usted negoció y acordó con la cúpula de la Iglesia una reforma de su sistema de financiación. Pero después los obispos sacaron una nota recomendando el voto contra el PSOE...

–Han dicho que las leyes que hemos promovido disuelven la democracia. Eso no es en absoluto verdad, ni tampoco que haya un retroceso en los derechos democráticos. Hemos avanzado mucho en derechos en estos cuatro años.

–En mayo de 2006, usted dijo que la reforma de la Ley del Aborto era necesaria por una cuestión de respeto a las mujeres. Menos de dos años después, dice que no hay demanda social para cambiarla.

–La ley que tenemos ha funcionado razonablemente bien hasta ahora y no hay gran demanda para modificarla.

–¿Cuándo dejó de ser de derecha bajar los impuestos?

–La derecha habla mucho, pero luego no baja los impuestos. Hemos ahorrado, crecido y reducido la deuda. Hemos bajado los impuestos pero hemos recaudado más y saneado nuestras cuentas. Tenemos tres millones más de personas empleadas, seis millones más con contrato indefinido y la tasa de ocupación más alta en la historia.

–La leche cuesta aquí más que en Alemania...

–Eso dice Rajoy, pero no es verdad. Le diré que en España es más barata, dependiendo de marcas, que en Alemania. Otra cosa muy distinta es –cosa que yo comparto– la preocupación de los ciudadanos porque subieron los precios y las hipotecas. No nos cruzamos de brazos, pero no es necesario hacer un decreto brutal como dice la derecha, que en 2002 trajo el despido libre.

–¿Le gusta el contrato de integración para inmigrantes que propone el PP?

–El PP pretende introducir miedo. Nosotros sacamos de debajo de la alfombra a los inmigrantes que Rajoy dejó, llevamos al mercado laboral, previo acuerdo con patronal y sindicatos, a los inmigrantes que estaban en la economía sumergida. Ahora Rajoy dice que no cumplen las costumbres. Aquí la ley se aplica por igual a todos. Duplicamos las repatriaciones y las expulsiones. Los inmigrantes irregulares no llegan a 300.000.

–¿Piensan expulsarlos?

–Los estamos expulsando. Los que no cumplan la regularización saben que se tienen que marchar a su país, ésa es la política del gobierno.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.