A Uribe, el presidente colombiano, le quedó entre manos un triunfo amargo después de que la OEA no lo condenó por la invasión a territorio de Ecuador, en la que murió el número dos de las Farc, Raúl Reyes. El inminente apoyo de Estados Unidos lo favoreció. Pero la amargura le llegó con el rechazo general de América latina y la ONU ante la violación de la soberanía ecuatoriana. El mandatario se disculpó, pero al mismo tiempo exigió que los países vecinos no alberguen los guerrilleros o “terroristas”, como les llama, postura que replica la política norteamericana de incursionar en otros estados sin más excusa que la defensa preventiva a amenazas a la seguridad nacional. En Colombia, sin embargo, las acciones del mandatario son aplaudidas. Es el presidente más popular de las últimas décadas. Hoy tiene una popularidad del 80%. El éxito lo gana, precisamente, por presentarse como el enemigo número uno de las FARC, por las políticas paternalistas de asistencia a los ciudadanos, por el descrédito con que responde a la oposición, y por la publicidad de los medios masivos de comunicación.

Desde sus primeras apariciones políticas, Uribe mostró su postura radical frente a la insurgencia. Su padre, Alvaro Uribe Sierra, fue asesinado por la guerrilla en los años ochenta. Esa fue una de las primeras banderas del hoy presidente que comenzó a perfilarlo como un ícono de contraguerrilla y contra comunismo. La burguesía, cansada de los exagerados cobros de la guerrilla que se instaló en sus tierras, de los secuestros extorsivos y de la ausencia de Estado, vio en Uribe a su redentor. Pero también las clases medias y bajas que sufrieron por décadas las masacres y tomas guerrilleras a pueblos, y el desplazamiento forzado, se levantaron para votar mayoritariamente por Uribe, en 2002, y por su reelección en 2006.

Pese a las múltiples denuncias por la supuesta conformación de grupos paramilitares que impulsó Uribe cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997), y la violación a los derechos humanos que incrementaron desde su mandato presidencial, Uribe tiene éxito. Su último trofeo es el cuerpo baleado de Raúl Reyes que, aunque incomoda al continente y tiene al país en la peor crisis diplomática de su historia, exhibe como el mayor logro de la lucha “antiterrorista”. Es cuando Estados Unidos celebra e impulsa con dineros, helicópteros y discursos las acciones de Uribe, tal como ese gobierno las aplica en el mundo.

Del Plan Patriota, a donde llegan miles de millones de dólares de Bush, salen los recursos para hacer la guerra. Es una “gran ofensiva militar”, según el mismo gobierno, para conseguir la seguridad en la nación, esa sensación que permitiría la inversión extranjera para ahuyentar la pobreza y lograr la prosperidad, dicen las doctrinas uribistas. Y son las Farc sinónimo de pobreza. Acabar con ellos es, entonces, un proyecto de la oligarquía colombiana y, paradójicamente, también del campesinado y muchos ciudadanos del común. A éstos, el gobierno Uribe vendió la idea de Estado comunitario con estrategias como el pago de salarios, el estrechón de manos en consejos comunales (recorridas semanales de Uribe a todos los rincones del país), y el regalo de salarios a campesinos que sembraban cocaína.

La polarización que Uribe impulsa desde que llegó al poder, llevó a muchos sectores a señalar a sus opositores como guerrilleros. Hoy, en gran medida los colombianos están obligados a definirse a favor o en contra de Uribe. Lo primero significaría apoyar la lucha contra las Farc. Lo segundo, el apoyo al “terrorismo”. El gobierno colombiano insiste en que su obligación es actuar “con determinación contra el terrorismo”, según dijo Uribe ayer en respuesta a las críticas por la violación a la soberanía de Ecuador, que le costó el rompimiento de relaciones con ese país, Nicaragua y Venezuela, la expulsión de sus embajadores, y la alarma continental de que, bajo los preceptos de Bush que calca Uribe, la invasión podría repetirse y sin la condena de las instituciones.