La violación de las fronteras ecuatorianas por Colombia –en un operativo previsto con anterioridad– tuvo el objetivo de asesinar a Raúl Reyes, responsable de la negociación con los presidentes Sarkozy, Hugo Chávez y Rafael Correa, para liberar a Ingrid Betancourt y otros rehenes. Tales negociaciones contaban con el aval del presidente Alvaro Uribe, pero el asesinato de Reyes y sus guerrilleros demuestra que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar una solución política a la violencia que desangra a Colombia desde hace sesenta años y que tiene su historia. En la trágica mañana del 9 de abril de 1948, se realizaron en Bogotá dos reuniones de signo contrario: por un lado, la IX Conferencia Panamericana, donde el General Marshall proponía la creación de una Organización de Estados Americanos. Por otro, representantes estudiantiles de diversas universidades del continente –entre ellos el joven Fidel Castro– se encuentran para crear una Federación Latinoamericana de Universitarios. La propuesta fue apoyada por el Movimiento de Gaitán, sectores políticos cubanos que formarán el Partido Ortodoxo y los gobiernos de Guatemala y Argentina; todos se oponen a las estrategias norteamericanas en la región. Al mediodía, el asesinato de Gaitán desata la insurrección del Bogotazo, que se extiende a distintas ciudades, prolongándose durante varios días. La represión fue despiadada: el presidente Mariano Ospina Pérez sigue las instrucciones del Gral. Marshall, lo cual significa matar sin miramientos. Buscando refugio ante ese baño de sangre con miles de muertes, grupos de jóvenes se internaron en la selva y el drama de la violencia continuará hasta nuestros días.

Sesenta años más tarde, la Organización de Estados Americanos se reúne para debatir un episodio cuya gravedad es alarmante para el conjunto de América latina. Porque en el transcurso de estas décadas a la confrontación política se agregaría el narcotráfico, que plantea serios interrogantes sobre la voluntad estadounidense por erradicarlo: se trata de un negocio que ronda los 700.000 millones de dólares, de los cuales más de 500.000 se lavan en bancos norteamericanos –incluyendo el Citibank– o en paraísos fiscales que, curiosamente, no son molestados: ¿Estados Unidos quiere eliminar o monopolizar el narcotráfico? En todo caso, el Plan Colombia le ha permitido instalar fuerzas militares en una zona estratégica para el control del continente, combinado con el Plan Puebla-Panamá y la base de Manta en Ecuador, además de su insistencia en imponer un plan similar en la Triple Frontera que, hasta el momento, es reemplazado mediante la presencia de tropas móviles en Paraguay. Los sistemáticos sabotajes a las posibilidades de un intercambio humanitario o a eventuales acuerdos de paz, evidencian el interés de Estados Unidos y sus gobernantes títere –ahora el presidente Alvaro Uribe– en mantener condiciones de violencia que favorecen sus estrategias militares.

La actitud no es nueva. En abril de 1983, el jefe del movimiento guerrillero M19 Jaime Bateman –quien mantenía negociaciones positivas– murió sospechosamente al estrellarse la avioneta en la que viajaba. Finalmente, en marzo de 1990, los guerrilleros del M19 suscriben un acuerdo de paz, abandonan la lucha armada y fundan la Alianza Democrática M19 para presentarse a elecciones. Un mes más tarde, su máximo dirigente Carlos Pizarro –que se postulaba como candidato a presidente– es asesinado por grupos paramilitares y cientos de dirigentes y ex guerrilleros corren igual suerte en los meses siguientes. El asesinato de Reyes reitera esa metodología de sabotaje a cualquier acción humanitaria o de paz y de mantener un foco bélico en la región. La estrategia de Estados Unidos y la CIA tiene como objetivo hostigar a Venezuela: sus reservas petroleras se tornan cada vez más importantes ante la evidente derrota norteamericana en Irak. Situación similar a la de principios de la década de los setenta, cuando la derrota en Vietnam tuvo como contrapartida un repliegue hacia su patio trasero, con la imposición sincrónica de dictaduras militares con terrorismo de Estado y miles de desapariciones forzadas. Este problema no afecta solamente a Colombia: si la base de Manta en Ecuador va a ser erradicada en dos años por decisión de Rafael Correa, Estados Unidos necesita reforzar sus bases en la región, y lo peor que puede ocurrirle es que Colombia alcance la paz anhelada. Por eso, los resultados de la reciente Cumbre del Grupo Río son una victoria frente a las políticas belicistas y provocadoras que impulsa Washington.

- Referentes de Proyecto Sur.