La frágil estantería electoral boliviana sufrió ayer una sacudida cuando se conoció el decreto de la única integrante de Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, donde decía que “se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referéndum hasta que el TC se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” del referéndum revocatorio. La oposición a Evo Morales recibió con alegría la noticia, pero se desilusionó al recordar que Salame había pedido lo mismo en mayo, antes de la secuencia de referéndum autonómicos, sin que alguien le hiciera caso. El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, dijo que “se ha dado pleno cumplimiento de la constitucionalidad y mientras no haya fallo de la TC o una ley del Congreso, el referendo del 10 de agosto sigue adelante”. Este tribunal, que debería tener cinco integrantes, tiene sólo uno desde 2007 y no puede funcionar. Así da cierta impunidad para interpretar la Constitución.

Las consultas autonómicas, por ejemplo, podrían haberse suspendido si lo exigía el TC. El Congreso debería designar nuevos jueces, pero los partidos políticos no pueden consensuar ni un nombre. “Como estoy sola y no puedo dictar resoluciones, emití un decreto donde se recogió toda la jurisprudencia del TC en casos similares”, explicó Salame. La jueza respondía a un recurso presentado por un diputado opositor que aseguraba que la figura del revocatorio no aparece en la Constitución. Según el gobierno, los referendos fueron legitimados por el Congreso, incluso con el voto de la oposición.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró que “en el TC existe una carga procesal muy grande que no fue despachada por la magistrada, expresando que no puede porque es la única. ¿Por qué en unos casos rechaza pronunciarse bajo el argumento de que no hay quórum y en este caso sí se pronuncia con una connotación política?”. Desde el gobierno ya adelantaron que procesarán a la jueza por prevaricato. Con el decreto de Salame, los prefectos opositores a Evo tienen la oportunidad de rebelarse contra el revocatorio, que dejaría sin empleo a más de un integrante de la Media Luna (conformada por Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija). Los prefectos ya anunciaron que en los próximos días se reunirán para discutir una postura unificada. Sin embargo, desde Santa Cruz algunos funcionarios ya advertían que si la CNE no escucha el decreto de Salame se podría considerar un desacato.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, acusó a la jueza de seguirle el juego a la oposición, especialmente al prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un egresado de la Escuela de las Américas. El líder opositor, una de las autoridades departamentales con menor popularidad, es el único que se opuso abiertamente a los revocatorios. Los legisladores opositores a Morales indicaron que pronto se pronunciarán sobre el texto del TC. Y el presidente de la Corte Electoral cruceña, Mario Parada, sostuvo que el revocatorio sigue: “Estamos bajo administración, control, conducción y ejecución de la CNE y hay una ley que se tiene que cumplir”, dijo.