En la madrugada de ayer, el Ejército salió del aeropuerto Aníbal Arab para avanzar hacia Cobija, capital del departamento sobre el que se declaró el estado de sitio. Sin demasiados detalles, el gobierno dijo que logró controlar la ciudad, donde operaban tres grupos armados afines al prefecto Leopoldo Fernández. Aún no pudieron llegar a los municipios de El Porvenir y Filadelfia, donde transcurrió y continuaría la matanza de campesinos opuestos a la autonomía pregonada por las autoridades locales. Hay orden de detener al gobernador Fernández, acusado de haber contratado sicarios de Perú y Brasil para asesinar opositores. Aunque se resiste a su detención, Fernández afirmó: “Hemos pedido a la población, aunque repudiando y rechazando una decisión de esta naturaleza, que se acepte algo que nos duele mucho (el estado de sitio). Había que hacer los esfuerzos para evitar mayores confrontaciones”. Se sabe que 25 personas murieron en luchas entre campesinos y grupos armados cívicos y prefecturales. Aunque 22 de los asesinados eran sus opositores, el prefecto sostuvo que “esos campesinos eran los que venían armados”. Todavía hay 106 personas desaparecidas. Se calcula que los muertos podrían llegar a 70.

Junto a los militares estaba encerrado en el aeropuerto el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ex militar y sociólogo. Indicó que el objetivo de los uniformados era tomar la Prefectura, el Comité Cívico de Pando y el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam), donde se habría preparado la masacre. “Tenemos fuerzas especiales que primero van a despejar los puntos críticos. El segundo nivel es una consolidación de esta estrategia, y un tercer nivel para la sostenibilidad del control territorial.” En la recuperación del aeropuerto hubo dos muertos, un militar de 17 años y un civil. Según los militares, en las acciones para volver a controlar Cobija ningún uniformado resultó lastimado.

La primera medida del gobierno en Pando fue dictar el alerta sanitario, para que todas las instituciones de salud (estatales y privadas) dieran atención inmediata a los heridos. Según denuncias de los familiares de los campesinos, los hospitales de Cobija se negaban a atenderlos.

La delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira, contó que la madrugada de ayer fue incendiada la alcaldía de Filadelfia, municipio opuesto a los planes autonómicos de la Media Luna. “Están disparando los sicarios y los grupos vandálicos. No hay ni militares ni policías en este sector. En las próximas horas va a ingresar una comisión para sacar los cadáveres de quienes no fueron atendidos oportunamente. Creemos que habrá muchos heridos.”

En las comunidades campesinas ayer velaban a las familias asesinadas en los últimos días. En otros casos, los cuerpos fueron a Cobija para las pericias forenses. Ana María Quispe Cruz, madre de Alfonso Cruz, esperaba que lo entregaran para sepultarlo: “Mi hijo era el mayor, trabajaba para colaborar a sus hermanos y a mí. Pido que lo traigan acá a Fernández, a ese prefecto que no me va a devolver a mi hijo”.

El constituyente pandino Veimar Becerra aseguró a la radio Erbol que “según mis cálculos, yo que conozco el lugar, son cerca de 70 muertos. Los testimonios que recogí señalan que prácticamente los acribillaron como a animales, incluso los mataron en el río Tahuamanu, cuando muchas personas, mujeres y niños se tiraron al río e intentaron huir”.

Sobre las versiones de que había huido a Brasil, Fernández dijo: “Yo no me he ido de Cobija, he estado trabajando, viendo cómo podemos hacer para contribuir ante estas decisiones desatinadas del gobierno”. Según el prefecto, con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) “si no es una cosa es la otra. Se acuestan y despiertan pensando en conflictos. Eso hicieron en el país durante sus dos años y medio de gestión”. Y se dirigió al ministro de la Presidencia: “Quiero decirle a Quintana que estoy en mi casa, no tengo seguridad y que me gustaría esperarlo a él. No para enfrentarlo, sino para que charlemos sobre lo que realmente ha ocurrido”. Aunque el ejército lo buscó para arrestarlo, ayer no lo ubicaron en la ciudad. Tampoco a los sicarios que habría contratado, como denunció el gobierno. El Ministerio de Defensa contó que volvieron a Brasil. El gobierno de este país se comprometió a buscarlos en la frontera.