Alguien deberá explicar en el futuro cómo es que la nueva Declaración de Derechos de los poseedores de tarjetas de crédito autoriza en su sección de “extras” (“miscellaneous provisions”) a portar armas cargadas en los parques nacionales. La enmienda fue incluida a último momento por el senador republicano Tom Coburn de Oklahoma, y los representantes demócratas la aceptaron a cambio de un apoyo unánime a la ley central. Un veto de Obama a dicha enmienda obligaría a revisar toda la ley y demoraría la nueva política sobre tarjetas de crédito.

El combo se convierte así en un homenaje al compromiso bipartidario, el consenso entre fuerzas opuestas y las virtudes que el parlamento introduce en un régimen presidencialista. De paso, en dicho homenaje autoriza una ampliación del derecho al uso de armas de fuego reclamado por sectores conservadores, algo que muchos consideran que está en la base de los episodios de violencia armada que se dan en Estados Unidos con particular frecuencia.

La nueva ley frenaría una decisión judicial en estudio desde marzo, que prohibiría la portación y uso de armas en reservas y parques nacionales. El reclamo para frenar esa decisión judicial, y para promover esta enmienda, estuvo en manos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), increíblemente, uno de los lobbies políticos más poderosos de este país. La NRA logra así, sobre la base de la desesperación demócrata por lograr el acuerdo en la ley de tarjetas de créditos, la ley que no logró sacarle a George W. Bush en sus ocho años de mandato.