Mientras las negociaciones de último momento ilusionaron a más de uno en San José de Costa Rica, en el país vecino la dictadura hondureña redobló su apuesta. Sacó a miles de hondureños a las calles de Tegucigalpa y apretó los controles en las rutas que conectan la capital con el interior del país. “En San José los golpistas dijeron que van a traer la propuesta para analizarla, pero acá en la televisión, analistas, diputados y hasta la vicecanciller dicen que bajo ningún aspecto volverá al poder (Manuel) Zelaya”, señaló, desanimado, Carlos Reyes, líder sindical y uno de los fundadores del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Hoy el movimiento popular intentará paralizar al país. Al paro nacional educativo se sumará una huelga de empleados públicos y la toma de las principales rutas del país.

Para las organizaciones sociales y los sindicatos que apoyan a Zelaya, la nueva negativa del régimen de facto terminó de desenmascarar a los golpistas hondureños. “Estaban buscando ganar tiempo y nada más. Primero la resolución de la OEA exigía una restitución inmediata e incondicional y después, de todas maneras, se buscó ponerle condiciones en San José. ¡Pero ni siquiera así lo aceptaron! La única explicación es que están dilatando para evitar una condena o sanciones internacionales más fuertes”, opinó Reyes en diálogo telefónico con este diario.

El sindicalista está enojado, pero no sorprendido. Dentro de Honduras nada hacía imaginar ayer que un acuerdo entre Zelaya y la dictadura estaba cerca. En la masiva manifestación convocada por los golpistas, las autoridades del régimen de facto repetían lo mismo que vienen prometiendo desde el 28 de junio, la madrugada que los militares expulsaron del país a Zelaya. “Zelaya no puede venir al país a querer retomar al poder, porque ha violado las leyes”, sentenció, en medio de aplausos, el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Alvarez. A unos pasos de allí, la esposa del canciller de facto, Armida López, se quejaba de la comunidad internacional. “Se dejaron engañar”, gritaba, enojadísima.

Durante la jornada de ayer el régimen de facto no se salió ni un ápice de su personaje. Denunció la interferencia extranjera en las protestas populares, reforzó la vigilancia en las salidas y las entradas de la capital y prometió encarcelar al presidente Zelaya si cumple con su promesa de entrar al país por tierra. Ayer el mandatario constitucional convocó desde Nicaragua a sus seguidores a movilizarse hacia la frontera con Guatemala y El Salvador para acompañar su retorno al país, tras 25 días del golpe de Estado.

“Afuera la sensación es que las cosas se mueven, pero aquí los golpistas siguen en la misma posición, actúan con la misma dureza”, explicó Reyes, quien prefiere no hacer planes sobre rumores. Lo concreto para los zelayistas es cómo continuarán la resistencia popular. Ayer cientos de militares fueron desplegados en los retenes de las rutas que conectan la capital con el resto del país. Todos los colectivos fueron registrados y sus pasajeros, revisados e identificados.

Según el gobierno, están a la caza de ciudadanos extranjeros, principalmente nicaragüenses y venezolanos, que estarían infiltrándose en las manifestaciones contra la dictadura. En lo que va de la semana, los medios hondureños, adictos al gobierno golpista, informaron que decenas de nicaragüenses –una de las comunidades de inmigrantes más grandes del país– ya fueron detenidos por considerarlos “sospechosos”. Bajo el estado de sitio ya pasaron por las comisarías cerca de un millar de hondureños.