Con eufemismos y frases abstractas, el régimen de facto hondureño evitó, otra vez, dar una respuesta a la propuesta presentada en Costa Rica hace más de dos semanas. El Congreso hondureño que avaló el golpe y nombró presidente de facto a Roberto Micheletti aprobó anteanoche una resolución que da luz verde a una eventual amnistía política, pero esquiva cualquier comentario explícito sobre la vuelta del mandatario derrocado Manuel Zelaya. Mientras Estados Unidos intenta desesperadamente no dar por muerto el diálogo de Costa Rica y presiona a Tegucigalpa por una respuesta concreta, ayer la OEA y el presidente costarricense Oscar Arias preparaban la partida de una nueva misión internacional, compuesta por cancilleres, hacia Honduras.

El 22 de julio pasado la comitiva designada por Micheletti se volvía de Costa Rica con la promesa de analizar el plan presentado por Arias y dar una respuesta a la brevedad. El proceso de consultas se dilató, se expandió a todos los poderes y aún no hay una posición clara, como había pedido la semana pasada el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza –”lo importante ahora es que digan sí, apoyo el plan, o no, lo rechazo. Después se verá cómo proceder”–. Pero la dictadura sigue posponiendo ese después, al no dar una respuesta.

Por una parte, el Tribunal Supremo Electoral sentenció la semana pasada que no apoyará un adelantamiento de las elecciones generales, previstas en principio para noviembre próximo, pero ratificó su adhesión al diálogo conducido por Arias en San José. El lunes el Congreso dejó entrever que aceptaría aprobar una amnistía política general y ratificó su apoyo a las negociaciones en Costa Rica, nada más.

En el único párrafo que se refirió al “retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio” –el punto 6 del decálogo presentado por Arias–, el Legislativo sólo consensuó un texto vago e inconducente: “El compromiso que se adquiera en el marco de las negociaciones de San José deberá ceñirse a lo prescrito por nuestra Constitución y sus leyes, así como en el respeto y acatamiento de las decisiones jurisdiccionales”. En primera instancia y si Micheletti y los militares hondureños no aflojan, la resolución ratificaría que la vuelta de Zelaya iría contra la Constitución y las leyes del país centroamericano. Sin embargo, si los poderes reales detrás de la dictadura hondureña aceptan buscar un acuerdo para reinsertarse en la comunidad internacional, el texto del Congreso podría acomodarse para legitimar la vuelta de Zelaya, como lo demandan los países del hemisferio, nucleados en la OEA.

Mientras la dictadura gana tiempo y la comunidad internacional sigue retrasando la escalada a la espera de una señal de los golpistas, en Honduras las organizaciones sociales y los sindicatos más combativos siguen redoblando sus medidas de fuerza, a pesar de la creciente represión que ya dejó al menos ocho muertos. Ayer, además de las manifestaciones multiudinarias en la capital y la huelga nacional de maestros, la resistencia popular sumó el paro nacional de ocho mil trabajadores del sector de Salud.