Las asociaciones de víctimas de la represión franquista y formaciones políticas de izquierda criticaron la decisión judicial. “Estamos viendo a familias de 113.000 desaparecidos que en ningún lugar de este país pueden recibir refugio para conseguir justicia y eso para mí es de una gravedad trascendental”, afirmó el portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. “Vemos cómo grupos de extrema derecha, uno incluso que representa políticamente a quienes fueron los causantes de muchos de estos asesinatos, sienta en el banquillo a quien ha tratado de investigarlos”, dijo Silva en referencia a los promotores de la querella contra Garzón, específicamente a la formación Falange Española y de las JONS, herederas del partido único del régimen franquista. El coordinador general de la formación ecolo-comunista Izquierda Unida, Cayo Lara, se mostró indignado. “Sería una vergüenza para todas las democracias europeas que en España se sentara en el banquillo, por parte además de los herederos de los que apretaron los gatillos, de los falangistas, a un juez que se está jugando la vida en muchas causas de derechos humanos y corrupción.