En Honduras aún es peligroso hablar de golpe de Estado, de resistencia o de violaciones a los derechos humanos. Los que rechazaron abiertamente el golpe, el 28 de junio de 2009, siguen sufriendo las consecuencias. Los jueces independientes, que expresaron públicamente su adhesión al orden constitucional, fueron removidos por la Corte Suprema, cómplice número uno de las Fuerzas Armadas. Más de una decena de periodistas críticos de la renovada connivencia de políticos y militares fueron acallados por las balas de sicarios este año. Y cada dos o tres días cuerpos de jóvenes, algunos incluso con la remera de la consulta popular que impulsaba Zelaya antes del golpe para reformar la Constitución, aparecen en las afueras de Tegucigalpa, maniatados y con señales de tortura. El gobierno “democrático” de Porfirio Lobo los desestima fácilmente. Son jóvenes pandilleros, “maras”, dice, y eso significa que no habrá investigación, verdad ni justicia.

“En la Honduras de hoy el problema no son sólo las ejecuciones, sino la persecución política, la estigmatización como política de Estado”, advirtió recientemente la defensora de derechos humanos, Berta Oliva. Esa estigmatización se traduce en amedrentamiento, pero más que nada en un aislamiento, que prácticamente raya con la invisibilidad. Los familiares de las víctimas de la represión estatal sólo pueden recurrir a las organizaciones de derechos humanos y a sus amistades más cercanas. En los juzgados les dan trámite a los casos, pero nada más. Los jueces y los fiscales aprendieron su lección hace un mes cuando el tribunal supremo removió a cuatro magistrados y a un defensor del Pueblo por cuestionar públicamente el golpe. Y si les quedó alguna duda sobre la determinación del máximo tribunal, la semana pasada la Corte advirtió que está analizando más casos de funcionarios judiciales que “participaron de actos de índole política”.

Las puertas del Congreso o del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos están igualmente cerradas para todos los que no compartan la historia oficial, que sostiene que lo que sucedió el 28 de junio de 2009 fue una “transición constitucional” para rescatar al país de la “amenaza chavista”. El nuevo Congreso fue electo, como Lobo, bajo el amparo de la dictadura, en unas elecciones boicoteadas por la resistencia y por Zelaya. El comisionado Ramón Custodio, en cambio, ocupa el cargo desde antes del golpe, pero fue un férreo defensor de la dictadura de Roberto Micheletti. Según afirmó Custodio a los medios recientemente, los asesinatos de periodistas son una prueba más de la “inseguridad” que azota al país.

Aun más improbable es que las víctimas y sus familiares consigan ayuda de los medios de comunicación. La mayoría de los diarios, radios y canales de televisión pertenecen a los grandes multimedios, los mismos que durante los siete meses que duró la dictadura financiaron sin tapujos el costoso lobby golpista en Washington. Excepto por algunos medios locales, ninguno difunde las denuncias de la resistencia y cuando informan sobre un asesinato, un secuestro o la aparición de cadáveres, se limitan a publicar la hipótesis policial: guerra entre pandillas juveniles, arreglo de cuentas, narcotráfico y, en algún caso, crimen pasional.

Pero, en la superficie, nada de esto es perceptible. Ya casi no hay militares en las calles, ni están tomadas por manifestaciones o vallas de seguridad. El Mundial de Fútbol acaparó la atención de la mayoría, y las escuelas, los hospitales y las empresas abren y cierran sus puertas todos los días, como si nada hubiese pasado.

Lo mismo sucede en el exterior. Excepto para unos pocos países latinoamericanos –entre ellos la Argentina–, Honduras ya no es un paria ni un motivo de tensas e interminables negociaciones internacionales. A pesar de la amnistía dictada a favor de los responsables de la represión de la dictadura, del exilio forzado de Zelaya, de los más de diez periodistas asesinados en lo que va del año y de las solitarias huelgas de hambre de los jueces independientes despedidos por la Corte Suprema, el presidente Lobo consiguió abrir un camino para volver a la OEA, y esta semana sus vecinos centroamericanos podrían aprobar su regreso al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), un trámite del que dependen millones de dólares de préstamos internacionales congelados.