Un regreso del ex presidente Manuel Zelaya a Honduras sería, para algunos analistas, una solución a la crisis política; mientras que para otros no haría más que exacerbar la crispación que reina en ese país desde su derrocamiento, en junio de 2009. Hasta ahora, el mandatario derrocado descartó volver por considerar que a su llegada sería entregado a “las cortes golpistas”.

El regreso del presidente electo democráticamente es una de las condiciones que impone el grupo de países liderados por el padre del “socialismo del siglo XXI”, el presidente venezolano Hugo Chávez, y entre los que figuran Argentina y Brasil, para permitir la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendida tras el golpe de Estado.

“El problema se resuelve de manera muy importante con la vuelta de Zelaya”, dice Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Sociología (Flacso). El experto agrega: “Eso abriría la puerta para un acuerdo en la OEA y en el Fondo Monetario Internacional (FMI)” para que le puedan llegar recursos financieros frescos a este país, que en dos meses podría tener incluso problemas para pagar salarios a los funcionarios públicos”.

Así, Zelaya podría convertirse en un puente para resolver la crisis política entre la tenaz Resistencia al golpe de Estado y el gobierno del actual presidente Porfirio Lobo. La Resistencia sigue reclamando una Asamblea Constituyente –la causa del golpe de Estado– y desconoce a Lobo, mientras que el mandatario no ha logrado dominar al ala más recalcitrante de su propio grupo, el Partido Nacional, donde persisten –según el propio Lobo– intentos golpistas.

El 27 de mayo pasado, Lobo se ofreció a ir a buscar a Zelaya asegurando que tras su regreso no sería encarcelado. “Le ofrecí traerlo conmigo”, dijo. Sin embargo, el derrocado mandatario considera que a su llegada sería entregado a las “cortes golpistas” que no respetarían sus derechos. Entonces el actual presidente hondureño señaló que “era un caso cerrado”. “Es una decisión de él. No veo que más le puedo decir para garantizarle un trato correcto.” Zelaya debe de tener vívido el recuerdo del tiempo que pasó refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, acosado psicológicamente por las fuerzas militares de su país.

En realidad, Zelaya no sólo no tiene garantizada al ciento por ciento su seguridad en Honduras, sino que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía –que hace un año ordenaron su expulsión del poder– se ciernen como una espada de Damocles sobre el ex presidente, que podría ser encarcelado en cuanto ponga los pies en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue denunciando violaciones en Honduras y en mayo afirmó que a Zelaya no se le garantizaría un juicio imparcial.

Y hay quienes afirman que pesan sobre el mandatario derrocado acusaciones de corrupción. “Aunque sea favorecido por una amnistía a los delitos políticos contemplada en el acuerdo de Guaymuras (alcanzado el 30 de octubre pasado entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y representantes de Zelaya), sobre el ex presidente penden acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos a través de abuso de la autoridad”, recuerda el abogado Germán Leitzelar. “Su obligación es presentarse a los tribunales como cualquier ciudadano y será la Justicia la que decida si es juzgado o no por ellos”, dijo Leitzelar, quien no cree que un regreso de Zelaya sea “la solución ni la conclusión” de la crisis que desde hace un año afecta a Honduras.

Muchos señalan la necesidad de un acuerdo en el Congreso para cambiar a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente expulsó a cinco jueces críticos con el golpe de Estado, confirmando los temores de una parte de la población acerca de que nada ha cambiado en el país tras la llegada de Lobo al poder en enero pasado.

A ello se suma la fuerte presencia militar al frente de instituciones que en los últimos años habían sido feudo de civiles, como la compañía telefónica Hondutel, Migración, la Aeronáutica Civil y la Marina Mercante.