Una dirigente humanitaria fue asesinada en La Macarena, la población del sur de Colombia donde el mes pasado se encontró un cementerio clandestino que usaban las Fuerzas Armadas. La mujer había participado en la audiencia pública en la que se denunció la existencia de la fosa común.

El 7 de agosto, Norma Irene Pérez tuvo una reunión a las siete de la mañana. Después, nadie supo más de ella. Seis días después, encontraron su cuerpo baleado sobre una vereda en el departamento de La Meta. Pérez trabajaba como agricultora y era madre de cuatro hijos. Como militante de derechos humanos, había participado de la audiencia pública en la que se denunció la existencia de un cementerio clandestino en La Macarena, donde estaban enterradas más de dos mil personas. La mujer era presidenta del Comité veredal de derechos humanos e integrante del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero (sur).

“Pedimos al gobierno que se nos diera garantías a los que participamos de la audiencia pública el pasado 22 de julio”, dijo a Página/12 Iván Cepeda, diputado del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA). Tres días después de la denuncia, Uribe visitó a las tropas apostadas en la zona y las felicitó por sus logros en la lucha contra los grupos rebeldes. “Aquí vinieron enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el ejército de la patria”, disparó contra los legisladores opositores y los defensores de los derechos humanos. Además, el entonces presidente dijo que el cementerio de La Macarena era legal. “El terrorismo a través de voceros viene a desacreditar a la fuerza pública.”

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), las acusaciones de Uribe pusieron en grave riesgo a las organizaciones que habían convocado a la audiencia pública.

Cepeda, referente del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, dijo que las autoridades fueron informadas del homicidio. Pero no hubo repercusión desde el gobierno. El CPDH pidió que se investigara penalmente la desaparición forzada y la presunta ejecución extrajudicial de la dirigente campesina.

Mañana se realizará un debate de control político en el Parlamento colombiano, en el que se tratarán las violaciones a los derechos humanos en La Macarena. En la sesión tienen que participar el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y la jefa de la diplomacia colombiana, María Angela Holguín. “Tiene que asistir la canciller porque las unidades militares de La Macarena recibían fondos del Plan Colombia”, explicó Cepeda.

Informe: Luciana Bertoia.