Pablo Andrés Muñoz Guzmán es miembro de la comunidad Lov Choque, que ancestralmente existió como pueblo mapuche en la zona del Lago Lleu Lleu, en el centro chileno. Pasó los últimos dos años de sus 26 de vida preso en la cárcel de Lebu, y fue uno de los imputados en el juicio de Cañete por atentado a funcionario público y robo de maderas. “En perspectiva, la huelga dio resultados. Si no la hubiésemos sostenido con fuerza, estaríamos condenados a más de 50 años de prisión”, expresó. Pablo Andrés fue uno de los 13 absueltos.

El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010 y constó de 61 audiencias. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de Sebastián Piñera sobre la contradicción de la ley antiterrorista y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que el país andino aplicó. Ese documento plantea que la aplicación de justicia sobre los pueblos originarios y tribales debe tener en cuenta las formas económicas, políticas y culturales de cada comunidad. “Fue todo un montaje político, sobre todo por parte del Ministerio Público Fiscal”, sentenció Glady Huenuman Lencura, mamá de Pablo Andrés y cuñada de Alberto Parra, de 35 años, también absuelto. Según el olfato de la mujer, “la absolución en este proceso no significa que no vaya a caer en cualquier momento otro mapuche condenado por defender sus derechos”.

El Poder Judicial chileno mantuvo los cargos basados en la ley antiterrorista contra los 17 acusados hasta pocos días antes de la etapa de alegatos. Las fuentes de esa cartera se negaron a dialogar con Página/12.

“Los años en prisión fueron realmente angustiantes. No sólo por el encierro, sino porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros”, añadió Pablo Andrés, quien luego de recibir su absolución regresó a la casa que la familia alquila en Puerto Choque, a pocos kilómetros del Lleu Lleu, pero no pasa un día sin visitar a los cuatro compañeros que debieron regresar a prisión. “Siguen con el ánimo en alto, a la espera de la fijación de pena para poder apelar”, rescató.

Si bien consideró positiva la huelga de hambre, Pablo Andrés opinó que el Estado cumplió su parte del trato a medias: “Tendría que haber intervenido en la postura del Ministerio Público”, apuntó.