Para España, para Argentina, para el mundo, el juez Baltasar Garzón jugó un papel de vanguardia en la aplicación de la jurisdicción universal: aquello de que se defienda a los humanos vivan donde vivan. Garzón, quien cubrió de prestigio internacional a la Justicia de su país, fue condenado a once años de inhabilitación por investigar un caso de corrupción que involucra al Partido Popular. “El Tribunal Supremo puso por el suelo a la Justicia española. La sentencia es un exabrupto absoluto”, señala a Página/12 Carlos Slepoy, abogado especializado en derechos humanos y uno de los principales promotores de las querellas contra los crímenes del franquismo presentadas en los tribunales de Buenos Aires.

En el libro La fuerza de la razón. Garzón explicó los motivos que lo llevaron a develar la trama Gürtel. “Si no se combate claramente la corrupción, se puede evolucionar hacia situaciones peligrosas dentro de los sistemas democráticos.” Quizá sea anticipatorio de lo que vendrá. Slepoy afirma que esta condena es una medida disuasoria para cualquier magistrado que, en su afán de investigar con independencia, toque intereses de sectores de poder. En su opinión, el Tribunal Supremo va a absolver a Garzón en la causa que enfrenta por investigar los crímenes del franquismo, porque “sería demasiado escandaloso”.

–¿Cómo interpreta la decisión del máximo tribunal?

–El tribunal hizo lugar a la acusación contra Garzón, según la cual el juez se excedió en sus funciones al intervenir las comunicaciones entre detenidos y abogados en la causa Gürtel y, por tanto, cometió el delito de prevaricación (haber dictado a sabiendas una resolución injusta). Para los jueces, Garzón vulneró el derecho de defensa de los presos. Yo quiero aclarar que las escuchas se realizaron por pedido de la policía judicial y con el consentimiento del fiscal en el entendimiento de que los abogados de los detenidos eran cómplices y que esas comunicaciones se dirigían a blanquear dinero. No olvidemos que esta causa implica a altos cargos del gobernante Partido Popular (PP) en todo el territorio de España. Parece claro que, fundamentalmente a partir de que Garzón comenzara a investigar los crímenes del franquismo, existió la determinación de eliminarlo de la carrera judicial. Algo que se ha concretado hoy.

–Hace poco fue absuelto uno de los implicados en el caso Gürtel. Pero es condenado Garzón. ¿Se está viviendo una justicia al revés en España?

–Sí, una justicia al revés. Garzón es el primer condenado por la causa Gürtel, en la cual hay una estafa y una malversación de dineros públicos de millones de euros. Increíblemente el que ha sido condenado es quien investigaba esos delitos. Excede todo tipo de fundamentación jurídica. El propósito es castigar a un juez que resulta muy incómodo para muchos intereses y poderes. Existía esta amenaza latente desde hacía mucho tiempo. Por otra parte, Garzón es un juez instructor, que no dicta sentencia y, sin embargo, es el magistrado español más famoso del mundo. Esto despierta odios, celos, envidias, así que confluyen varios motivos para que sea blanco de esta desmesura judicial.

–¿Cree que hubo presiones políticas?

–Sí. Sería difícil determinar quiénes están detrás de estas presiones, pero está claro que hay sectores que están interesados en sacarse de encima a Garzón, muchos políticos del Partido Popular y no sólo del PP; no olvidemos que Garzón investigó el terrorismo de Estado en la época en la que estaba en el poder el partido socialista (N. d la R: la fuerza parapolicial Grupos Antiterroristas de Liberación –GAL– durante el gobierno de Felipe González). Tampoco es la primera vez que investiga un caso de corrupción. Pero el gran disparador es que haya indagado sobre los crímenes del franquismo, algo que no pueden soportar quienes han fraguado la impunidad y el olvido sobre estos delitos. Es el primero y último motivo para castigarlo.

–¿Es el precio que paga Garzón por ser un magistrado independiente?

–Sin duda. Es un ataque inconcebible a la independencia del Poder Judicial. Están todos los jueces amenazados: cualquier magistrado que pretenda investigar una trama de corrupción en la que sepa que los abogados están implicados, y ordene intervenciones, podría ser inhabilitado. Lo mismo para cualquier magistrado que ose investigar los crímenes del franquismo. Es una medida disuasoria para aquellos que ejercen la independencia judicial y que afecten los intereses de sectores poderosos. El Tribunal Supremo ha puesto a la Justicia española por los suelos, es una auténtica vergüenza que está siendo condenada internacionalmente. Pero no van a lograr impedir la investigación de los crímenes del franquismo. La lucha va a continuar. Hay una profunda movilización social; está la querella de Argentina, todavía hay muchos recursos para evitar que se sigan silenciando los delitos del pasado. Es inconcebible que la primera vez que declaran las víctimas haya sido en el juicio contra Garzón. Esos testimonios recorrieron el mundo y evidenciaron la impunidad del franquismo que subsiste aún en muchas esferas de las instituciones españolas.

–¿Usted habló con Garzón?

–Sí. Está preocupado. El es consciente de que esto es una cacería judicial.

–Es esperable que los abogados apelen. ¿Cuáles son esas instancias?

–En principio van a recurrir al Tribunal Constitucional, aduciendo que se vulneró su derecho de defensa. Garzón presentó pruebas que no fueron contempladas. Seguramente van a pedir una medida cautelar de que se suspenda la sentencia. Esperemos que el Tribunal Constitucional lo revierta. Si no, el recurso que queda es apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: estoy convencido de que tomará este caso como un atentado a la independencia del Poder Judicial y va a condenar en términos muy duros a la administración de la Justicia española.