La organización Amnistía Internacional (AI) destacó los “avances significativos” sobre los enjuiciamientos a responsables de la última dictadura cívico-militar pero cuestionó la continuidad de desalojos a pueblos originarios. La postura del organismo está contenida en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Argentina.

Según enfatizó AI, “las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno militar experimentaron avances significativos”, y ejemplificó con el enjuiciamiento a Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, como así también con las sentencias dictadas en la megacausa ESMA y en el juicio por la denominada Masacre de Margarita Belén. También subrayó que se incorporó al Código Penal el delito de desaparición forzada, siguiendo la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Iván Torres, desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia.

Como ejes para mejorar, AI recordó que en su visita a la Argentina la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada “expresó su preocupación por el creciente número de desalojos violentos que afectaban a los residentes de asentamientos informales, campesinos e indígenas”. El informe afirma que “las comunidades indígenas seguían viviendo bajo la amenaza de desalojo, pese a la vigencia de una prohibición total de desalojos hasta noviembre de 2013, mientras se llevaba a cabo un estudio de ámbito nacional de los territorios indígenas”. Asimismo, cuestionó que “la policía hizo uso excesivo de la fuerza durante la expulsión, en julio, de 700 familias de unos terrenos privados en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy”, donde murieron cuatro personas.

Entre los temas pendientes, el informe mencionó que “las mujeres continuaron teniendo dificultades para abortar legalmente” y advirtió que se obstaculizó el acceso al aborto legal “a una mujer de 19 años que sufría una discapacidad mental y que había sido violada por su tío en 2006”. Por ese caso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución contra Argentina y ordenó el pago de una indemnización por daños y la adopción de medidas para impedir similares vulneraciones de derechos en el futuro.