Siete policías caminan en fila india por las escalinatas del Parlamento heleno, con mascarillas para protegerse del gas lacrimógeno que lanzaron antes, rodeados por una columna densa y blanca: la instantánea es la portada que abre el documento publicado por Amnistía Internacional España. “La policía es responsable de proteger la seguridad y el orden públicos. Pero también tiene la obligación de garantizar que todas las personas que residen en su territorio pueden ejercer el derecho de reunión pacífica”, señala en el informe Fotis Filippou, coordinador regional de campañas de AI para Europa y Asia Central. Según el dossier, ni Yiannis Kafkas en Atenas en mayo de 2011, ni Angela Jaramillo en Madrid en agosto de 2011, ni Andrei Ristache y su padre, Augustin, en Bucarest en enero de 2012 representaban una amenaza para la policía u otras personas cuando fueron brutalmente golpeados por agentes de policía.

Sin embargo, todos tuvieron que recurrir a tratamiento médico por los golpes recibidos de parte de la policía. Manolis Kypreos cubría una manifestación en Atenas, en junio de 2011, cuando la policía arrojó contra él una granada paralizante. La brutalidad de las fuerzas de seguridad se hizo carne en el cuerpo del periodista griego, que sufrió pérdida total de audición en ambos oídos. Un año después, en agosto de este año, la policía usó gas lacrimógeno y disparó balas de goma contra manifestantes pacíficos que se oponían a la extracción de oro en el norte de Grecia. El 21 de octubre, la policía antidisturbios cargó con saña contra manifestantes de todas las edades que se concentraban –otra vez, pacíficamente– en el exterior del yacimiento donde iban a realizarse las extracciones auríferas. Además, la policía arrojó agentes químicos irritantes en el interior de los vehículos de los manifestantes cuando intentaban huir.

En diálogo con Página/12, Eva Suárez Llanos (foto), directora adjunta de AI en España y principal vocera de la organización sobre violencia institucional en Europa, señala que el informe muestra un patrón de brutalidad policial como respuesta a las manifestaciones en contra de las medidas de austeridad tomadas por los gobiernos europeos.

“Hablamos de un patrón de impunidad porque, cuando se producen estos abusos, muy rara vez hay investigaciones y, cuando las hay, no son exhaustivas, independientes ni efectivas. La activista afirma que en ocasiones, incluso, cuando han quedado demostrados los malos tratos, estas acciones no son castigadas. En esta cruzada contra los abusos del Estado, la organización humanitaria exige a los gobiernos que lancen un mensaje claro. “En el caso de Amnistía España, le pedimos al gobierno del Partido Popular, en el sentido de que los agentes de la policía no pueden recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesario, que deje en claro a las fuerzas del orden que no se van a tolerar los abusos y que todas las denuncias deben ser debidamente investigadas”, demanda la vocera de AI.

A su vez, destaca que los responsables de esos abusos tienen que rendir cuentas ante la Justicia.

“En el contexto de las últimas manifestaciones –advierte Suárez Llanos–, nos hemos dirigido al Ministerio del Interior pidiendo investigaciones e información sobre qué medidas se van a adoptar para que no se repitan estos abusos”, sostiene. Y afirma que, hasta el momento, no han recibido respuestas del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, su organización está lanzando una ciberacción desde el sitio web actuaconamnistia.org, en la que se esperan que miles de personas se dirijan al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que tome medidas para acabar con estos abusos y con la impunidad policial. “Se trata de casos de personas que no representaban ninguna amenaza ni para la policía ni para otras personas cuando fueron salvajemente golpeados o fueron víctimas de material antidisturbio”, sostiene Suárez Llanos.