Apenas 40 dólares sale un voto convencido en el estado de Nueva York, donde viven unas 20 millones de personas. Si es por engrosar la vanidad (mas no la billetera) propia, lo mejor es ser un ciudadano indeciso en el remoto Wisconsin (1,7 por ciento de la población nacional), donde los partidos invierten unos 2400 dólares en convencerte para uno u otro lado. Los números surgen de estudiar la forma en la que partidos y organizaciones políticas (controladas por grupos millonarios mayormente republicanos) distribuyeron los seis mil millones de dólares que se gastaron en las campañas electorales que terminaron ayer entre los 150 millones de norteamericanos habilitados para votar. La descomunal asimetría reduce la actividad política electoral a una competencia desenfrenada de unos pocos grupos influyentes por la voluntad de unos poquísimos ciudadanos que pueden determinar el resultado final.

La principal causa de esto es que el presidente no surge del voto popular sino del Colegio Electoral. Como el partido que gana en cada estado lleva todos los electores, los candidatos no tienen incentivo en hacer campaña allí donde las encuestas indican un ganador consolidado. Esto es obra directa del Colegio Electoral y la fetichización del federalismo que impregna el diseño institucional norteamericano. El Colegio Electoral (eliminado en la Argentina en la reforma constitucional de 1994 como parte del acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín) es la herramienta institucional más eficiente de exclusión social y achicamiento del debate político. Bajo el argumento razonable de evitar la formación de facciones (minorías o mayorías orquestadas contra otro grupo), el sistema se creó junto a la Constitución a la medida de los intereses de los blancos propietarios de esclavos del sur: sus estados eran representados en relación con el total de su población, aun si la mayor parte de ella estaba excluida de los derechos ciudadanos. La idea del voto popular directo (con la que especularon algunos de los “padres fundadores” como Madison) hubiera ofrecido a la población esclava un horizonte de lucha temprano y tentador. En este esquema se asienta el sistema federal, según el cual los únicos representantes directos del pueblo eran los legisladores, mientras que el presidente, debilitado de origen, era imaginado más bien como un administrador de la relación entre los estados.

El sistema volvió a funcionar en la misma dirección excluyente durante los comicios del 2000, donde los perjudicados fueron mujeres, negros y pobres que en su enorme mayoría habían votado a Al Gore. Y hoy funciona de hecho casi eliminando la actividad política electoral entre la mayoría de la población que habita en los estados más grandes. Es casi imposible participar de la campaña electoral si uno vive en California (población de casi 40 millones de habitantes), donde los demócratas tienen el triunfo asegurado. Hoy, el Colegio Electoral redujo la política al mínimo posible. Los candidatos hicieron campaña en sólo 10 de los 50 estados, donde reside menos del 20 por ciento de los votantes, estando sujetos a una agresiva campaña financiada por un grupo minúsculo de millonarios.