La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una influyente organización de abogados estadounidense, protestó ayer por la decisión del Departamento de Justicia de interrogar al presunto autor del atentado de Boston, el joven Dzhojar Tsarnaev, sin leerle sus derechos o sin representación legal. Los derechos que contempla el Acta Miranda tienen que ser aplicados a todo acusado en Estados Unidos, reclama la organización. Como consecuencia del atentado frustrado en Times Square (2010), cuando un coche bomba fue desmantelado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama creó una serie de excepciones.

El Acta Miranda se puede suspender cuando existe un peligro terrorista inmediato y el detenido fue identificado como un “combatiente enemigo”. En el comunicado de ACLU se insiste en que todo acusado tiene derecho a estar asistido por las normas del Acta Miranda. “La abolición de esos derechos es antiestadounidense y eso impide que el sistema de Justicia llegue a una conclusión justa”, se agrega en el comunicado difundido ayer.

Políticos conservadores como el senador John McCain exigieron sin embargo que el detenido sea tratado como un “combatiente enemigo”, categoría legal creada durante el gobierno de Bush hijo por el abogado de la Casa Blanca, John Woo, para evitar que sospechosos de terrorismo sean juzgados por la Justicia civil o se les reconozca los derechos de la Convención de Viena en tribunales militares.

“Lo último que queremos hacer es leerle al sospechoso de Boston el Acta Miranda y decirle que tiene que guardar silencio”, dijo el senador republicano Lindsey Graham en la red social Twitter.