Página/12 En Uruguay

Desde Montevideo

Desde que el Frente Amplio (FA) llegó al poder en 2005, la economía de Uruguay creció a ritmo sostenido, acompañada del aumento de los salarios, baja del desempleo y reducción de la pobreza y la indigencia. El gobierno de José Mujica dio continuidad a la política económica de su antecesor Tabaré Vázquez y en ambos casos Danilo Astori ha sido un actor clave, proclive a favorecer a los mercados y a vigilar el gasto público. El vicepresidente Astori fue ministro de Economía en el primer gobierno frenteamplista y lo será a partir del 1º de marzo de 2015. Sin embargo, las decisiones económicas de los próximos cinco años serán producto de la confluencia de dos sectores: el astorista, más ortodoxo, y el sector más desarrollista, liderado por el electo vicepresidente, Raúl Sendic.

Homónimo de su padre, el histórico tupamaro, Sendic enumeró en diálogo con esta cronista los resultados de la política económica del FA, los que abonarían a que se mantenga en la senda de la estabilidad macroeconómica. “En Uruguay hay un flujo permanente de inversiones, reservas históricas, un nivel de desocupación del seis por ciento, tenemos el mejor índice de igualdad del continente y crecimos con distribución y equidad.” Al mismo tiempo, anticipó que un tercer gobierno frenteamplista apostará a un proceso de industrialización. “Se tienen que generar mecanismos de incentivo para una mayor industrialización y un mayor agregado de tecnología e innovación a las cadenas productivas.”

Para los próximos años, la coalición de centroizquierda se comprometió a aumentar al 6 por ciento del PBI en educación (hoy es del 4,8) y triplicar el porcentaje respecto del PBI dedicado a la investigación y la ciencia. También a poner en marcha un Sistema Nacional de Cuidados, un conjunto de políticas sociales dirigidas a niños, ancianos y personas con discapacidades, según figura en el programa de gobierno. La tensión entre vigilar las cuentas macroeconómicas y aumentar el gasto público se hará presente, según Adolfo Garcé, politólogo de la Universidad de La República. “Astori, guardián pesado del gasto público, genera confianza en los empresarios y en los electores de centro, pero su poder viene en declive. La corriente que representa perdió tres senadores –tenía seis– que ganó el espacio de Sendic. Los sectores más a la izquierda son críticos del crecimiento basado en la exportación de commodities y postulan diversificar la matriz productiva. Si bien el próximo gobierno no va a ir en contra del extractivismo, tendrá mayor conciencia de la necesidad de avanzar con un proyecto estatista o desarrollista. Se moverá en dirección de refundar el Estado de Bienestar.” En esa línea Garcé subraya que la tendencia más marcada es el regreso de un Estado más intervencionista.

El analista William Yohai, que integró la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, afirma que el crecimiento económico de los últimos diez años se debió a tres factores: “Aumento del precio de los commodities agropecuarios –la soja superó a la carne en exportación–; la caída de las tasas de interés en dólares, que hace que haya mayor flujo de capital hacia Uruguay; y la política de apertura financiera, es decir, grandes facilidades para el flujo de capital”. En los años venideros, el Frente Amplio mantendrá los incentivos fiscales para la inversión extranjera, la que conllevará más tecnología y empleo calificado

Los salarios crecieron mucho y aumentó el empleo, lo que motiva el éxito electoral, en opinión de Yohai. “Lo que más se sintió fue el salario y el empleo. En 2004 el panorama era catastrófico. El nivel de desempleo hoy es del 6 por ciento. Además, el gobierno aumentó la ayuda social y las facilidades para acceder a la jubilación.” De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza se redujo al 10 por ciento, del 40 por ciento en 2004, y la indigencia pasó del 4,7 por ciento al 0,5 en la actualidad. Uruguay es uno de los países de la región que tiene un índice Gini más igualitario, por debajo del 0,5 por ciento.

Existe una cercanía histórica entre el sindicato y la izquierda en Uruguay. El Frente Amplio, con mayoría en el Congreso, aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, que establece penas de prisión para empresarios que incumplan normas de seguridad laboral con sus empleados, y la ley de ocho horas de trabajo para los peones rurales, una vieja reivindicación de la izquierda.

La coalición gobernante instaló en 2007 un impuesto sobre la renta, donde paga más el que más tiene, y dio luz verde también al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que obliga a tributar a los propietarios de más de dos mil hectáreas de campo y cuyo fin es desalentar la concentración de tierras, tanto en manos extranjeras como uruguayas. El debate sobre la tierra en el seno del oficialismo mostró rispideces entre Mujica y Astori –quien explicitó su rechazo a la iniciativa–. A pesar del acalorado debate, hay quienes señalan como dato negativo que la población del campo cayó un 25 por ciento entre 2000 y 2011, según el último censo, y critican la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras. Por dar un ejemplo, las transnacionales de las plantas de celulosa UPM y Montes del Plata concentran casi medio millón de hectáreas.

En Uruguay, donde gobiernan los partidos y no los hombres, el Frente Amplio tiene el desafío de cumplir con sus promesas de igualdad social, crecimiento y transformación productiva.