En el actual estado de convulsión social y militarización de El Alto y La Paz, las Fuerzas Armadas de Bolivia han dicho que respetan la figura constitucional del presidente (pero no necesariamente a él). “Podría haber una quiebra horizontal en el ejército”, explicó a Página/12 el analista militar de ese país, Juan Ramón Quintana, advirtiendo que el sector de los mandos intermedios cuestionaría la lealtad de sus superiores al mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada si tuviera que cargar con el peso del costo político. Y éste se mide con cada nueva víctima de las decenas que viene arrastrando la represión.
–Las Fuerzas Armadas han dicho que respetan la investidura del presidente pero no a Sánchez de Lozada. ¿Podrían desmarcarse de su gobierno?
–La interpreto como una expresión de descontento, suerte de fisura en la unidad de mando militar que se está dando como resultado de las masacres que se han venido sucediendo. Existe una tensión fuerte entre el alto mando y un sector que cuestiona la lealtad de los militares al gobierno.
–¿Cuál es ese sector?
–Los mandos medios, que comparten con mayor vocación el estado de derecho, han cultivado ciertos valores democráticos, a diferencia de los altos mandos –ligados a la corrupción y al clientelismo–.
–Entonces podría darse un quiebre horizontal del ejército.
–Sí, potencialmente por cuatro razones: primero, que ese sector considere al gobierno ilegítimo y en retirada –por tanto, no conviene apoyarlo–; segundo, que sean las Fuerzas Armadas las que asuman el costo político, o sea, el factor de ajuste. Los mandos intermedios temen ser los que carguen con las responsabilidades –el procesamiento en los tribunales ordinarios– y reproducir la experiencia traumática del desprecio público en la transición democrática.
–¿Los otros dos motivos para la ruptura?
–Por una parte, la percepción de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada encarna la expresión antinacional, vinculada a los intereses económicos y a las transnacionales. Ha abdicado a la política de integración marítima sin considerar la historia con Chile. Por otra parte, lo que llamaría el juego sucio, la impostura del poder político. Las Fuerzas Armadas se sienten engañadas y utilizadas como el factor de ajuste de la incapacidad del sistema político.
–La intervención del ejército debió haber sido de contención y no de masacre, ¿no lo cree?
–Se puso de manifiesto el proceso de debilitamiento de la institucionalización militar. Las FF.AA. se han convertido en el segundo cuerpo policial e intervienen en los escenarios ciudadanos y de este modo se erosiona la capacidad de control de la fuerza pública.
–Pero, ¿por qué perdieron el control?
–Porque no es una fuerza profesional neta; además, de los oficiales y sargentos hay un 85 por ciento de soldados que provienen del campo. Entonces la población militar no está entrenada para este tipo de situaciones.
–¿Cómo se explica el alto número de víctimas, incompetencia acaso?
–Por dos aspectos: pérdida del control y que el gobierno haya impuesto una línea represiva para dar el mensaje de escarmiento en la ciudad de El Alto, y una señal de recuperación del control.
–¿Por qué el gobierno no declaró el estado de sitio?
–No había una razón objetiva. Desde la vuelta a la democracia hubo cinco estados de sitio que tuvieron éxito, pero el último, en abril de 2000 –bajo gobierno de Hugo Banzer– tuvo un efecto perverso, es decir, el conflicto en Cochabamba activó otros movimientos de protesta.
–¿El gobierno tiene algún tipo de impedimento?
–No, posee todas las atribuciones. De todas formas, estamos virtualmente viviendo en estado de sitio, con el uso indiscriminado de la fuerza pública y de las detenciones.
–¿Cómo evalúa los daños a la unidad militar?
–Es un tema que podría afectar como nunca la situación de las Fuerzas Armadas. Preveo tres tipos de fisuras: una de carácter generacional, que deje al descubierto las grandes diferencias entre los altos mandos ligados al poder y los oficiales jóvenes. La otra, una crisis de la soberanía institucional: el sector vinculado al poder ha facilitado la intervención de la Embajada de Estados Unidos en los mandos de seguridad –en asuntos de narcotráfico y en actos de represión–. Tercero, que los jóvenes militares cuestionan la ineptitud de sus mandos. Con 20 años no ha habido modernización alguna de la institución. A la vez, esto facilita que los militares se involucren en la seguridad interna. Los mandos han sido porosos ante la imposición de la agenda de Estados Unidos.
–¿Con qué simpatía puede contar el movimiento indígena entre los oficiales?
–No existe simpatía sino respeto por los movimientos que llevan adelante el líder de los cocaleros, Evo Morales, y de los aymaras, Felipe Quispe. La adhesión de los oficiales a la gestión se debe más por la incertidumbre de la coyuntura.
–¿Cuál es su pronóstico sobre la situación a corto y mediano plazo, dado el cariz que ha tomado?
–El más probable es el escenario de un aterrizaje suave de la crisis del Estado, la sucesión tras la renuncia del presidente y la conformación de una gobierno de unidad nacional donde asuma el vicepresidente. Y con la flexibilidad de la embajada estadounidense. Se tratarían los temas para la pacificación: el plebiscito para definir el destino final del gas, una asamblea constituyente y la reversión de la Ley General de Hidrocarburos. Esta ha permitido la inversión directa de capitales extranjeros en la explotación, exploración y comercialización de los recursos sin la intervención del Estado. En otras palabras, el Estado perdió en soberanía energética. También está el asunto de las tierras. De los 97 mil millones de hectáreas, un 91 por ciento está en manos privadas. El neolatifundio es un fenómeno que nos hizo retroceder 50 años.
–Sánchez de Lozada dijo que hay actores internacionales intervinientes en la actual crisis. ¿A quién alude?
–A los contactos de Evo Morales con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Cuba, Fidel Castro, y de Libia, Muamar Kadafi, como los tres actores que estarían financiando la movilización del país. A mí me parece un argumento funcional a la tendencia antidemocrática y de lectura en clave norteamericana del gobierno de Lozada.
–¿Podría hacerse una analogía de la situación en Bolivia con el contexto del derrocamiento de Jamil Mahuad en Ecuador, donde hubo una alianza indígeno-militar?
–No me parece. En el caso ecuatoriano, las Fuerzas Armadas desarrollaron una vertiente democrática que incorporó la variable indígena. En Bolivia estamos lejos de una ecuación indígena-militar. No existe un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas de mi país.