Las negociaciones de paz en Colombia han ingresado en un punto de no retorno, con las definiciones recientes sobre temas judiciales. El proceso entró en una fase final, con la desmovilización militar de las FARC y la firma de los acuerdos de paz definitivos en marzo del 2016. América del Sur confirma así su caracterización por Unasur como una región libre de guerras.

Mientras que en otras regiones del mundo se multiplican los focos de guerra, sin que se desarrolle ningún proceso de negociación pacífica, al contrario, solo se profundizan y se extienden los conflictos, con todas sus dramáticas consecuencias de muertos, heridos, refugiados, entre otros. Sin embargo, en el exacto momento en que América latina avanza en procesos de resoluciones pacíficas de sus conflictos –no solo entre las FARC y el gobierno colombiano, sino también entre éste y el de Venezuela–, Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región, con tropas en Paraguay y en Perú.

Aislado políticamente en América latina como nunca había estado en su historia, EE.UU. tuvo que sufrir la expulsión de su base militar en Manta, en Ecuador, cuando Rafael Correa fue electo presidente. Washington ha tenido que buscar otros países del continente donde instalar sus bases militares en la región.

Han escogido a Colombia, cuando el presidente del país era su estrecho aliado, Alvaro Uribe. Se preparaban para instalar ocho bases militares en el marco de la Operación Colombia, que ha vuelto ese país el segundo mayor destinatario de apoyo militar norteamericano en el mundo.

Pero el poder judicial colombiano atendió demandas de inconstitucionalidad de la instalación de las bases y rechazó el acuerdo. Concluido el mandato de Uribe, el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, no renovó la demanda y frustró así ese intento norteamericano.

El golpe blanco en contra de Fernando Lugo no tardó en revelar sus intenciones, cuando el Congreso paraguayo autorizó la instalación de tropas norteamericanas en el país, con todas las condiciones que EE.UU. requiere. La imposibilidad de hacerlo en otros países y la ubicación de Paraguay –en el corazón del Cono Sur, en la Triple Frontera, con las inmensas reservas hídricas que tiene–, han hecho del país el centro de operaciones militares norteamericanas en América del Sur.

Las alegaciones nunca son las reales: apoyo en caso de catástrofes naturales, apoyo a lucha en contra del grupo armado que actúa en el país, adestramiento de tropas, etc., etc. Pero no hay duda que el interés norteamericano es de carácter militar sobre la región, donde hay políticas propias de integración autónomas, incluido un Consejo de Seguridad propio.

El mismo interés que EE.UU. ha demostrado respecto a Perú, el otro país donde se han instalado bases y tropas norteamericanas en gran cantidad. Las alegaciones son similares, pero el lugar económico estratégico que tiene el país para las empresas extranjeras, además de su localización geográfica y de gobiernos que han firmado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hicieron recaer sobre Perú la otra opción militar de Washington sobre la región.

EE.UU. se ubica así a contramano de la definición de América del Sur como región libre de conflictos bélicos, que no necesita la presencia de tropas extranjeras. Contradice la decisión de Unasur y las necesidades de políticas de paz y de cooperación, en la resolución pacífica de los conflictos, como América del Sur ha reafirmado recién.