La resolución 1387 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas probablemente no figurará entre los hitos decisorios más eficaces del organismo. Porque no se trata de una resolución para lograr la paz entre israelíes y palestinos, sino para que Estados Unidos recomponga relaciones con sus aliados árabes. En primer lugar, porque el principio de un Estado Palestino adyacente al israelí nunca estuvo en discusión a partir de la firma de los acuerdos de Oslo, en 1993; lo que se discutía era la extensión de ese Estado y las garantías de seguridad que Israel recibiría de él. El texto de la resolución 1387 no avanza sobre estas cuestiones, como tampoco la célebre resolución 242 que pidió el retiro israelí de “territorios” ocupados en 1967, con la ausencia del artículo “los” como un conveniente margen de maniobra diplomática y posibilidad interpretativa.
El verdadero trasfondo de la resolución es el vuelco de la administración Bush, testificado en las declaraciones fuertemente críticas del presidente ayer contra la política de represalias del primer ministro Ariel Sharon. Un análisis ingenuo diría que este vuelco tiene –éste sí– la intención de producir un acuerdo de paz, pero la ilusión rápidamente se evapora cuando se escucha a funcionarios de la misma administración que explican que todo es para lograr el suficiente consenso árabe para atacar a Irak y derribar a Saddam Hussein, tan pronto como el próximo paso de danza de la ONU sobre las inspecciones de armamentos de destrucción masiva fracase, en mayo próximo. Sin embargo, incluso esta explicación parece insuficiente, ya que –por un lado– la administración se ha ocupado de hacerle saber a Saddam lo que planea –lo que permite que éste elija a último momento un retorno simbólico de los inspectores para evitar una invasión– y por otro no se está verificando ningún desplazamiento de fuerzas militares norteamericanas a la zona, como debería ser el caso si EE.UU. realmente planea desplegar allí un ejército de 200.000 hombres, según hizo trascender en febrero. El proceso de acumulación de fuerzas para la Guerra del Golfo de 1991 tardó nada menos que seis meses y EE.UU. no tiene actualmente desplegado en la zona nada que le permita montar concebiblemente nada parecido, salvo que todo se reduzca a una vuelta a los ataques aéreos de la era de Clinton.
Por eso, quizá la verdadera clave esté en las relaciones entre EE.UU. y Arabia Saudita, seriamente deterioradas después de cuatro atentados –los del 11 de septiembre– donde la mayoría de los ejecutores y planificadores eran sauditas, y que entraron en crisis cuando Ryad sugirió que pediría el retiro de bases militares. Que Dick Cheney, un hombre de la industria del petróleo, sea el encargado de esta faena, cierra el paquete con notable eficacia de negocios.