El presidente Nicolás Maduro decretó ayer el “estado de emergencia” ante la crisis económica que asfixia a Venezuela, poco antes de rendir cuentas de su gestión ante un parlamento de mayoría opositora que busca sacarlo del poder, un acto inédito en 17 años de gobierno chavista. Ayer mismo, el Banco Central reveló que la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2015 fue de 108,7 por ciento, la primera cifra oficial de ese índice que se conoce desde diciembre de 2014. El decreto, que regirá por 60 días, permitirá al gobierno disponer de bienes de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos y fijan límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, según anunció el ministro de Economía, Luis Salas. “Son medidas tomadas para proteger al pueblo y no para ir en su contra”, dijo el ministro en su mensaje trasmitido por televisión, para enfrentar lo que el gobierno considera una “guerra económica” de la derecha, apoyada por Estados Unidos, para generar un quiebre institucional. Maduro anunció el decreto como un conjunto de medidas para impulsar la producción y bajar la dependencia casi total del petróleo –fuente del 96 por ciento de divisas–, que esta semana cerró en 24,38 dólares por barril, el precio más bajo en los últimos 12 años.

El país con las mayores reservas de crudo del planeta sufre un severo desabastecimiento que genera largas filas que exasperan a los venezolanos.

“A los que están en las colas, a los que tienen problemas para acceder a las cosas, estamos trabajando para ellos”, dijo Salas, considerado del ala radical de izquierda. Maduro sostiene que el país está en una “tormenta” económica de la que sólo puede salir “con más socialismo”.