El gobierno español pidió ayer al Tribunal Constitucional que advierta explícitamente a las autoridades catalanas de las consecuencias penales y la posible suspensión de funciones si adoptan decisiones tendientes a avanzar hacia la secesión, y que se investigue a la presidenta del parlamento regional por desobediencia. Con esta solicitud, el Ejecutivo en funciones del conservador Mariano Rajoy pretende dar un ultimátum a los secesionistas catalanes, que esta semana aprobaron en el Parlamento regional una resolución sobre el proceso de secesión que contempla la celebración de un referéndum unilateral. Madrid también pide a la Fiscalía del alto tribunal que investigue si la presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, ya incurrió en un delito penal por haber vulnerado dos decisiones del Tribunal Constitucional.