“Se percibe la debilidad del gobierno para controlar los conflictos, y la crisis política no habría terminado”, aseguró Jorge Lazarte, analista político y profesor de la Universidad Católica Boliviana. En una entrevista con Página/12, Lazarte enfoca este equilibrio inestable.
–¿Cuál es la relación entre Evo Morales y el presidente Mesa? ¿Puede decirse que Morales está sosteniendo a Mesa como soga al ahorcado?
–El mejor aliado del gobierno es Evo Morales. porque el razonamiento del MAS y de su jefe es que cualquier proceso de desestabilización puede tener consecuencias. El MAS apuesta a la estabilidad del país. Tiene una adhesión total a la democracia. Inclusive defendiendo al Parlamento contra los reclamos más radicalizados de cerrarlo o trasladarlo.
–Mesa ha dicho que quiere completar el mandato de Sánchez de Lozada que finaliza en 2007. ¿Es factible?
–Había grandes dudas sobre si llegaría a completar el mandato, apenas instalado en el gobierno dejó entrever que era un gobierno de transición. Pero la gente después pidió que terminara el mandato, hubo un apoyo muy grande de la población. Más grande que en cualquier otro momento de la democracia. Sin embargo, la gente hoy está impaciente, exige resultados después de tres meses de gobierno. Pero a la vez se percibe la debilidad del gobierno en controlar los conflictos. La resolución que tomó el Congreso de trasladarse en caso de disturbios ha sido un mensaje de desconfianza. Esto debería preocuparle al gobierno.
–¿Cuáles son las diferencias entre Morales y Felipe Quispe?
–Se han acentuado las diferencias. Quispe representa a grupos aymaras del Altiplano, pero el 25 por ciento de la población boliviana que es aymara no lo apoya en su totalidad. Evo Morales, en cambio, representa a los cocaleros del Valle, pero también tiene el apoyo de diferentes grupos étnico-culturales, aymaras, quechuas, de grupos pobres de las ciudades –sobre todo del occidente del país– y de grupos radicalizados de clase media. Y tiene representación en el Congreso. Lo que hay de izquierda en el país apoya a Evo Morales. Quispe, por su parte, tiene una orientación que podríamos llamar fundamentalismo aymara. Su idea es restaurar el Estado aymara precolonial. Morales no va tan lejos: también quiere cambiar el Estado, pero no organizado sobre bases étnicos-culturales. Tiene más en cuenta la diversidad del país, no está pensando en el pasado. Y Quispe tiene dificultades en extender su fuerza política.
–¿Por qué hay tensión entre la gente del Alto y la de La Paz?
–Hay una fatiga en la población de la ciudad de La Paz por las movilizaciones que paralizan el centro. Sienten que las marchas los perjudican: han hecho que las empresas huyan, la ciudad es poco atractiva para inversiones. Y la tasa anual de crecimiento fue inferior a Santa Cruz. La gente reacciona espontáneamente disolviendo las marchas. El Alto protesta bajando a la ciudad de La Paz y rodeándola. Hay una gran distancia entre los aymaras pobres y las clases medias, profesionales y urbanas de La Paz, que se expresó también en la crisis de octubre.
–¿Qué piensa sobre los reclamos separatistas de Tarija?
–Tiene que ver con la idea de controlar los recursos del gas, porque Tarija es donde están los depósitos más importantes del país. Quieren el derecho de controlar los recursos de los yacimientos de gas. No pueden, entonces creen que con un proceso de autonomizarse podrán decidir el uso de los recursos y no depender del gobierno que dicen que es proclive a ceder ante las presiones. El tema es muy difícil porque despierta viejos fantasmas del país. Terminaría perjudicando a los departamentos más pobres y la viabilidad interna de Bolivia, dado sus grandes diferencias internas.
–¿Una separación es factible?
–No, es más posible un proceso de descentralización, que se trataría en la Asamblea Constituyente. La demanda de una Asamblea Constituyente ha ido creciendo en los últimos tiempos cada vez que hay una crisis.
–¿Cómo ve el tema del referéndum sobre el gas?
–El gobierno ha prometido el referéndum, ahora en manos del Congreso. El problema es que no está claro qué se va a preguntar. El motivo de las movilizaciones de octubre ha desaparecido porque ya no está la posibilidad de que Bolivia exporte a EE.UU. La mayoría del país apoya la exportación del gas, pero la discusión se ha desplazado: la cuestión es si hay que industrializar primero y después exportar o primero exportar y después industrializar.
–¿La discusión de la salida al mar es una forma de desviar la mirada del referéndum?
–Son dos cosas totalmente distintas, una no eclipsa a la otra.
–¿Qué va a hacer el gobierno con la erradicación de los cultivos de coca?
–No ha dicho nada. El problema existe; sin embargo, no está en la agenda del país. El gobierno prefiere no tocarlo. Morales ha descuidado el tema.
–¿Qué papel tiene la Central Obrera Boliviana (COB) en este momento?
–La COB sigue debilitada; en el último tiempo ha recuperado la atención pública, ha sintonizado con otros sectores sociales, pero no tiene apoyo social. Es un fenómeno más mediático. Cualquier huelga que llame la COB va a ser un fracaso. A menos que otros sectores decidan apoyar, pero entonces no sería una huelga, serían movilizaciones callejeras.
–¿Qué se puede decir sobre la amenaza de la COB de cerrar el Congreso?
–No es viable. La COB sintoniza con otros sectores de la población que piensan en la inutilidad del Congreso, pero su fuerza es simbólica. Hay otros sectores radicalizados que piensan que hay que cerrar el Congreso. Esto puede plantear problemas políticos más adelante. La resolución que tomó el Congreso sobre operar en otra ciudad no es inocente. Puede haber una nueva crisis política. El ámbito político del país se está inquietando. Hay rumores circulando, hay incertidumbre política. La crisis no habría terminado.

Reportaje: Ximena Federman.