El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó ayer a estudiar la legalidad de las detenciones indefinidas de “combatientes enemigos”, tanto en la base de Guantánamo como dentro de EE.UU. Los magistrados deberán delimitar los poderes del presidente George W. Bush en tiempos de guerra y establecer la frontera entre las libertades civiles y la seguridad nacional, en la lucha global contra el terrorismo. Ayer se presentaron argumentos del primero de los tres casos enmarcados en ese debate constitucional, referido a si la base de Guantánamo forma parte de la jurisdicción de EE.UU. o no, al estar situada en Cuba. El gobierno de Washington sostiene que no lo es y por tanto a los cerca de 550 cautivos talibanes y de Al Qaida no los amparan las garantías procesales reconocidas en la Constitución estadounidense. Los abogados de los 16 detenidos que presentaron la demanda que ahora estudia el Supremo creen que sí tienen derecho de apelar ante la Justicia de EE.UU., dado que Guantánamo es “a todos lo efectos” territorio de este país. El fallo del Supremo tendrá repercusiones para la política de Bush contra el terrorismo. Está previsto que se pronuncien en junio.