Por Angeles Espinosa *
Desde Bagdad

El Tribunal Especial para juzgar a Saddam Hussein y a otros altos responsables de su régimen empezó a gestarse antes de la invasión de Irak. A través de la ONG Indict, el abogado Salem Chalabi y otros exiliados recogían pruebas y hacían planes con el Departamento de Estado desde 1996. Cuando el pasado 10 de diciembre el ahora extinto Consejo de Gobierno creó el Tribunal, para nadie fue una sorpresa que Chalabi fuera el hombre designado para organizarlo, pero no actúa como juez.
De acuerdo con el estatuto, el tribunal sólo tiene capacidad para investigar y juzgar los casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y tres crímenes específicos de Irak: manipulación del poder judicial, despilfarro de activos públicos e inicio de una guerra contra otro país árabe. Cada juicio tendrá cinco jueces y habrá un equipo de 20 jueces instructores encargados de recoger las pruebas contra los sospechosos, además de un tribunal de apelación compuesto de nueve miembros.
Hasta aquí la teoría. Pero la práctica se está probando más complicada. Ya hay siete jueces y cuatro fiscales nombrados, pero sus identidades, como las del resto de los magistrados que juzgarán a Saddam y a sus colaboradores, van a permanecer en secreto hasta que empiecen los interrogatorios previos a los juicios. La medida se ha decidido para protegerlos frente a los simpatizantes del líder depuesto. Cinco potenciales candidatos han sido asesinados en el último año. El jueves, el video difundido de la primera comparecencia de Saddam evitó en todo momento mostrar el rostro del juez.
El riesgo no es el único problema que afrontan los magistrados. Encontrar testigos para demostrar la responsabilidad de la cúpula baasista tampoco va a resultarles fácil. Según fuentes cercanas al Tribunal, hay pocas pruebas escritas que permitan vincular al dictador de forma directa con los crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo que se requiere el testimonio directo de alguno de sus 40 colaboradores más cercanos detenidos por la Coalición. Parece difícil que ninguno de ellos acepte declarar en su contra. El sistema tribal iraquí es implacable. Por mucho que Saddam esté encarcelado, quienes lo traicionen saben que la venganza recaerá sobre el resto de los miembros de su familia. “Mire lo que ha pasado con el hombre que delató su escondite, tal vez esté a salvo en Australia, pero sus hermanos están siendo asesinados uno a uno”, confía un familiar lejano. También los defensores tienen miedo: al menos eso es lo que ha declarado Mohamed Rashdán, el abogado jordano contratado por Sajida, la primera mujer de Saddam. El y su equipo aún no han podido visitar a su cliente y piden la protección del gobierno iraquí para hacerlo. “No podemos ni proteger a nuestros ministros, ¿cómo vamos a protegerlos a ellos?”, declaró ayer a este diario Gorgis Saada, portavoz del primer ministro.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.