Por Antonio O. Avila *
Desde México

El ex presidente Luis Echeverría afirma que vive tranquilo, que en México nunca se ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad, cargos por los cuales la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado pretende sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero los fantasmas de las víctimas rondan al viejo sistema y el Partido Revolucionario Institucional salió en defensa del ex gobernante, con el argumento de que enjuiciarlo puede “dividir al país”.
Echeverría se encuentra bajo sospecha de haber sido artífice de la masacre del 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar de Los Halcones atacó con armas y varas especiales una manifestación estudiantil de protestas. Era la primera marcha en contra de la represión desde la matanza del 2 de octubre –por la cual también es investigado el ex mandatario–, la del Jueves de Corpus Christi terminó con decenas de muertos, heridos y desaparecidos, además de que abrió las puertas a la sangrienta represión de los grupos guerrilleros.
Pero la memoria del ex gobernante no incluye los pasajes de la tragedia: afirma que en México “nunca hubo, nunca ha habido ningún genocidio en el pasado; yo estoy tranquilo y no tengo por qué salir del país” por temor a ser enjuiciado. Piensa diferente el Fiscal especial Ignacio Carrillo, que afirma que tiene preparado el proceso a Echeverría y otros funcionarios de su gobierno (1970-1976), como el ex ministro de Gobernación Mario Moya, por la matanza del 10 de junio.
De acuerdo con Juan Velázquez, abogado de Echeverría, “no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna (...) el expediente de 15 tomos está integrado por textos de revistas, periódicos y libros. Es un documento que carece de validez probatoria”. En declaraciones a un noticioso de la cadena Televisa, indicó que cualquier hecho cometido hace 30 años ya prescribió, “tanto que en 1982, el entonces procurador Oscar Flores Sánchez, los declaró prescritos”. El abogado Velázquez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Decretó que el delito de genocidio es imprescriptible, “pero –dijo– lo es a partir del 2002 hacia el futuro” y no es retroactivo. Sin embargo, existen sectores en los que la consignación de Echeverría preocupa de manera significativa, como es el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI); que llamó a sus dirigentes y militantes a realizar una defensa de los civiles y militares que pueden ir a los tribunales por las acusaciones derivadas de la “guerra socia”, que se dio cuando México fue gobernado por priístas.
Los priístas, que nunca investigaron a fondo las sangrientas acciones represivas de sus hombres en el poder, dicen que “ahora (con el juicio por la ‘guerra sucia’) pretenden acabar con la legitimidad de la jefatura del estado mexicano. No estamos hablando sólo de un ex presidente en particular”.
El gobierno, aseguraron, no ha atendido llamados a la conciliación y la prudencia del Secretario de Defensa, que pidió que se conceda el perdón a los involucrados en la guerra sucia. Ahora, de acuerdo con el PRI; cuando el país “está urgido de la conciliación política que permita encontrar fórmulas de solución a los grandes problemas nacionales, el gobierno viene a plantear una nueva provocación que inevitablemente vendrá a crear nuevas divisiones entre el pueblo mexicano”. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dijo que, “en principio, estamos porque a los responsables de la guerra sucia vayan a la cárcel”. Pero afirmó que quienes han sido implicados presuntamente en la matanza estudiantil de 1971, están en su derecho de buscar un amparo, lo que habría hecho Echeverría, según versiones de prensa.

*De El País de Madrid. Especial para Página/12.