El llamado a la conciliación que hizo Hugo Chávez de vuelta en su sillón presidencial tuvo su primer efecto concreto: el Consejo Federal de gobierno, propuesto por Chávez en su discurso de reasunción, se reunió ayer con empresarios, sindicalistas y la Iglesia. El presidente venezolano puso sobre la mesa los puntos más conflictivos con estos sectores, esto es, las medidas fuertes de la Revolución Bolivariana: las leyes de Petróleo y de Reforma Agraria. Al mismo tiempo, el partido antichavista Primero Justicia (PJ) insistió en que la solución para Venezuela pasa por la renuncia de Chávez y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) pidió que se llame a un referendo para ver si ante todo, “el pueblo venezolano quiere la continuidad del actual gobierno”.
Hugo Chávez propuso que la primera ronda de conversaciones se centre en el plan de desarrollo económico–social 2001–2007 aprobado por el Parlamento y que podría ser reformado, al igual que en el paquete de 49 leyes aprobadas por el Ejecutivo en noviembre de 2001, que provocó el rechazo del sector empresarial. Entre esas 49 leyes está la conflictiva norma sobre petróleo, que establece la propiedad estatal imprescriptible de las reservas de hidrocarburos del país y limita la participación del capital privado en Petróleos de Venezuela (PDVSA). También está incluida la ley de Reforma Agraria, que apunta a desarmar los grandes latifundios venezolanos.
Por el momento, sólo se mostró reticente el partido Primero Justicia (PJ), al parecer, el más comprometido con el golpe contra Chávez. Julio Borges, portavoz de PJ, partido que cuenta con seis de los 165 escaños de la Asamblea, insistió en que la solución a los problemas de Venezuela pasa por la salida del poder de Chávez y por la disolución de todos los poderes públicos elegidos democráticamente. El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, dijo ayer, en referencia directa al PJ, que “los que siguen pidiendo la salida de Chávez no aprendieron la lección del contragolpe del pueblo y de las Fuerzas Armadas” y les recomendó “no seguir actuando irresponsablemente”. Y enfatizó que “por cierto que hasta ahora al único que he oído hablar de rectificación es a Chávez. No he visto esa postura ni en la oposición ni en los medios de comunicación”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que preside Carlos Ortega, ratificó su convocatoria a que se realice un referendo consultivo “para que nuestro pueblo exprese democráticamente su voluntad sobre si quiere o no que el actual gobierno continúe dirigiendo los destinos del país”. Manuel Cova, secretario general de la central obrera, convocó en un comunicado al pueblo a marchar pacíficamente el próximo 1 de mayo “para exigir las reivindicaciones de los trabajadores”.
Cova aseguró que la CTV no acompaña “ni con Chávez, ni con Carmona, ni con ningún Presidente” las violaciones de la Constitución y las leyes”. El dirigente de la CTV solicitó la libertad de todos los militares y civiles detenidos en las últimas horas como requisito para que pueda llevarse adelante un diálogo nacional, así como la “apertura inmediata” del diálogo tripartito.