El gobierno argentino apuesta a una resolución favorable de la ley de hidrocarburos en Bolivia para recuperar una fuente de abastecimiento clave para el invierno que llega y los siguientes: una oferta de gas de 6,5 millones de metros cúbicos diarios en esta temporada (aproximadamente el 5 por ciento del consumo total del país) y su ampliación a 20 millones a partir de las próximas. A este último propósito –ampliación del compromiso de suministro– está atada la posibilidad de concreción del tendido del Gasoducto Nordeste, gigantesca obra que atravesará el norte argentino de Oeste a Este, para luego descender por las provincias de la Mesopotamia hasta conectar con el área metropolitana del Gran Buenos Aires.
Esta última obra tiene como propósitos asegurar la oferta, incluso teniendo en cuenta un incremento normal de la demanda año a año, pero además permitir llegar con el gas natural a provincias que hoy no están conectadas a la red nacional. Es decir, que el país juega buena parte de su integración energética al abastecimiento del gas boliviano.
No es la única apuesta audaz hecha en este plano por el gobierno argentino. También jugó las fichas al acuerdo con poderosas empresas privadas. Repsol-YPF es el gran actor en esta operación, comprometido en la venta del gas boliviano a través de su empresa controlada en ese país, Andina –que producirá y venderá el gas que exporte Bolivia–, y será la que importe y venda el gas a las distribuidoras en la Argentina a través de su filial en este país. En la resolución del conflicto político boliviano, la empresa privada también se juega su continuidad en el negocio.