La Paz amaneció nublada. Una fila de vagonetas con chofer estacionadas en una de las calles laterales del Palacio Quemado (tantas como la cantidad de ministros) anunciaba la presencia del gabinete en pleno, “reunido de emergencia” desde las 5.30 con el presidente Evo Morales. El silencio de la ciudad a esas horas, acentuado por el feriado del 1º de Mayo, no dejaba entrever la tensión que se respiraba en el interior de la casa de gobierno, donde el mandatario indígena se preparaba para tomar la medida más importante de su gobierno: la nacionalización, con ocupación militar, de los campos petroleros. El anhelo más ferviente de los movimientos sociales que, en octubre 2003, les pusieron el pecho a las balas en demanda de esta medida que tuvo que esperar la caída de dos gobiernos –Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa– y una tortuosa transición que llevó al sillón presidencial al cocalero Morales.

El hueso más duro de roer de la nacionalización no era el militar –el alto mando reunido discretamente en la vicepresidencia tenía “todo listo”–, sino la parte legal: cualquier falla en el decreto atraería una catarata de juicios contra el Estado boliviano. A las 8 en punto, el presidente tenía pulidos todos los detalles de la operación. Con el puño izquierdo en alto, los 16 ministros, con Morales a la cabeza, entonaron el himno nacional como una especie de broche de oro emotivo para darse el ánimo que requería la clausura –la misma historia dirá con cuánto éxito– a un pasado de “entrega” de los recursos naturales que convirtieron a Bolivia en uno de los países más pobres del continente. Cerca de las 9 empezarían las corridas, el viaje de Morales y su comitiva al pozo San Alberto y su ocupación militar, que se concretó pasado el mediodía. “Los militares están chochos, después de la masacre de octubre (de 2003) tienen la oportunidad de reconciliarse con la sociedad y recuperar las tradiciones nacionalistas que dignifican su historia”, confió a Página/12 uno de los ministros. Parte del éxito mediático de la operación fue que no hubo filtraciones. Ninguno de los medios adivinó que, detrás de la aparente pasividad del Día de los Trabajadores, se tramaba un parteaguas en la historia boliviana reciente. En 1997 se aprobaba la Ley de Capitalización que privatizó todo lo que pudo; diez años y un día después el viento sopla del otro lado y un gobierno indígena la enterró, dicen que para siempre.