Probablemente el principal reto, tanto personal como político, de Alan García en el mandato que asumirá a finales de julio como presidente de Perú sea demostrar que él es una excepción al dicho de que “segundas partes nunca fueron buenas”. Sobre todo teniendo en cuenta que hay casi unanimidad en la opinión pública peruana sobre que su anterior presidencia, entre 1985 y 1990, fue desastrosa. Y el mismo García no ha pretendido disimularlo durante la campaña. Con 35 años, García se instaló el 28 de julio de 1985 como nuevo inquilino del palacio de Pizarro con un proyecto de transformación del país que había generado grandes expectativas entre la ciudadanía y lo había llevado al poder en la primera vuelta de las elecciones. El joven presidente comenzó poniendo en marcha un ambicioso proyecto de obras públicas como instrumento para sentar las bases del desarrollo del país y a la vez generar empleo. Su energía y vehemencia hacían pensar en que sería posible superar los dos grandes lastres que García heredaba de su antecesor, Fernando Belaúnde: crisis económica y una fuerte actividad guerrillera en diversas zonas del país, especialmente de los maoístas de Sendero Luminoso.

En un discurso dirigido a la nación, García proclamó su ruptura con las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) –que tampoco habían servido para detener la crisis–, creó una nueva moneda, el inti, y congeló los precios básicos y la tasa de cambio con respecto al dólar. García no era el único en adoptar una estrategia similar: Brasil y la Argentina (aunque ésta previa consulta al FMI) seguían programas parecidos. Los resultados inmediatos fueron muy buenos. La inflación de 1985 bajó al 3,5 por ciento y la economía creció en 1986 un 10 por ciento, el mayor crecimiento en 30 años.

Pero el programa económico de García tenía letra pequeña. A finales de 1986, las reservas estaban bajo mínimos y el Estado se quedó sin liquidez. Los peruanos comenzaron a cambiar sus intis por dólares. Se generó un mercado de cambio paralelo y el gobierno no pudo controlar la caída de su moneda. La coyuntura internacional tampoco era buena. En 1987, García nacionaliza la banca esperando el respaldo popular, pero la pérdida de confianza en su gestión es patente. La inflación se disparó y García ideó sucesivos planes que empeoraron aún más la situación. Recurrió al FMI y al Banco Mundial, que le cerraron sus líneas de crédito. El saldo fue una inflación millonaria, precios que aumentaron 33 mil veces, asaltos armados a cárceles y una condena por corrupción evitada gracias a un oportuno exilio en París.

En paralelo, Sendero Luminoso multiplicó sus secuestros, asesinatos –García escapó a un intento– y atentados con bomba que afectaron a la propia Lima. Las fuerzas de seguridad se vieron envueltas en numerosos casos de violación de los derechos humanos. Los más famosos son la Matanza de las Prisiones en 1986 con 300 muertos y la Matanza de Cayara donde, según Amnistía Internacional, fueron ejecutados 30 campesinos. En las elecciones de 1990, el APRA ni siquiera pasó a la segunda vuelta.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.