“La paz está herida de muerte”, amenazó ayer uno de los líderes paramilitares colombianos ya desmovilizado, Ernesto Báez. El proceso de paz, que impulsa el gobierno de Alvaro Uribe y que ya logró la desmovilización de casi 31 mil paramilitares, podría derrumbarse por la oposición de los grupos armados desmovilizados al fallo de la Corte Suprema que restringe los beneficios prometidos por el gobierno durante las negociaciones. La oposición paramilitar llega en un momento especialmente incómodo para el reelegido Uribe, que hoy deberá defender su política de paz en Washington. En el marco del debate presupuestario, los legisladores demócratas están cuestionando la eficiencia del Plan Colombia y la actual situación de derechos humanos en el país sudamericano.

El ministro de Interior y Justicia colombiano, Sabas Pretelt, intentó bajarle el tono a la advertencia del líder paramilitar. “El proceso continúa pese a las dificultades”, aseguró. Sin embargo, es difícil que el proceso pueda avanzar, ya que desde el comienzo se basó en una promesa de inmunidad e importantes beneficios para los paramilitares. A mediados de mayo, el máximo tribunal colombiano cambió algunos de los aspectos más cuestionados de la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe. Para Báez, estas modificaciones dieron un “golpe de muerte” al proceso. Báez es el portavoz político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor agrupación paramilitar que aceptó negociar con Uribe.

Sin embargo, el fallo de la Corte fue elogiado por organismos de derechos humanos locales e internacionales. “El fallo mejoró a la Ley de Justicia y Paz”, explicó a Página/12 el sociólogo Jesús Balbín, del Instituto Popular de Capacitación.

Estos son los cambios que más resisten los paramilitares:

- La conformación de grupos paramilitares ya no es tipificado como un delito político. El fallo estipuló que se trata de un “concierto para delinquir”, es decir, lo califica como una asociación criminal.

- Se rechazó la posibilidad de indultar a los miembros de grupos armados.

- No se podrá conmutar el tiempo de negociación para una rebaja de las penas.

- Las penas por diferentes delitos pasan a ser acumulables.

- Los beneficios que ofrece el gobierno (por ejemplo rebajas de condenas) estarán condicionados a la confesión de todos los crímenes y a la entrega de bienes (adquiridos legal e ilegalmente) para reparar a las víctimas.

- Las penas serán de cumplimiento obligatorio en cárceles, sin la posibilidad de prisión domiciliaria.

Báez no quedó muy contento con el nuevo marco jurídico. “Hay una altísima probabilidad de que este proceso fracase y nuevamente se presente un panorama trágico y oscuro para Colombia”, se quejó el vocero paramilitar. “No quisiéramos eso, pero estoy convencido de que mucha gente nuestra prefiere hacerse matar en el monte antes que pagar cuarenta años de cárcel”, desafió.

Más allá de las objeciones de Báez, lo cierto es que el fallo de la Corte no trata a los paramilitares como delincuentes comunes. La Corte mantuvo el criterio de limitar las condenas por crímenes de lesa humanidad a sólo 5 u 8 años para quienes participen del plan de paz, en vez de más de 40 años de condena que les correspondería según el Código Penal colombiano. No será fácil para Uribe explicar esta delicada situación a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, o a los legisladores estadounidenses, especialmente a los demócratas, con quienes tiene programadas reuniones hoy. Peor aún, el presidente colombiano también tendrá que responder a dos recientes informes de centrales sindicales, una estadounidense y otra belga, que describen una grave situación de desprotección de líderes sindicales y políticos que han sido victimizados por la violencia. Estos son cuestionamientos de organizaciones como Human Rights Watch, que no están de acuerdo con reducir las penas de los paramilitares ni con las condiciones de su reinserción en la sociedad. Este tema es central para Colombia, ya que la defensa de los derechos humanos es un condiciónprincipal para recibir la millonaria ayuda estadounidense, lejos la más importante en la región. En el marco del Plan Colombia –que apunta a la lucha contra el narcotráfico–, la asistencia económica total a ese país podría alcanzar los 800 millones de dólares en 2007.

Los legisladores demócratas, que se disponen a aprobar el presupuesto para el próximo año, ya hicieron públicas sus dudas sobre el avance en el respeto y defensa de los derechos humanos en el país andino. Y cuestionan los resultados del Plan Colombia, en el que Estados Unidos ya invirtió más de tres mil millones de dólares en los últimos siete años. Según los parlamentarios, todavía no hay indicios de que el programa haya tenido un impacto sobre el tráfico de drogas en territorio estadounidense –el argumento esgrimido en 1999 para su creación–.

El otro objetivo de la visita de Uribe es cerrar de una vez y por todas el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Después de las negociaciones y de la redacción de un documento final, el TLC volvió a quedar en suspenso debido a una serie de modificaciones hechas en Washington que no coincidían con lo acordado en la mesa de negociación. Todo indica que esta novena visita oficial de Uribe pulirá las diferencias y pondrá un broche de oro al otro “gran logro” de su primera presidencia después del impulso al proceso de paz.