Claramente preocupado por la posibilidad de un derrame de la crisis financiera en una economía debilitada, el presidente George W. Bush instó ayer al Congreso a que apruebe su plan de reforma para el sector. “El gobierno investigará a fondo cualquier informe de fraude corporativo y hará responsables de sus acciones a las partes culpables que engañen a sus accionistas y empleados”, sentenció Bush durante su discurso radiofónico del sábado. “Los ejecutivos que cometan fraude enfrentarán penalidades financieras y, cuando sean culpables de fechorías criminales, tendrán que pasar tiempo en la cárcel”, agregó. Al responder a Bush, el senador demócrata por Maryland Paul Sarbanes coincidió en que este tipo de escándalos sólo causa “una erosión de la confianza del público en nuestros mercados”, por lo que las leyes deben exigir veracidad en los informes financieros. En clara alusión a los fraudes de contabilidad que causaron la debacle de Enron, Sarbanes afirmó que el gobierno no puede darse el lujo “de esperar al siguiente engaño corporativo, seguido por otra serie de despidos y el colapso de otro fondo de pensiones”. Se calcula que 80 millones de estadounidenses participan como accionistas en centenares de empresas que cotizan en Wall Street. Desde la quiebra de Enron en 2001, se han revelado irregularidades de contabilidad en empresas como Xerox, Tyco, Qwest, Global Crossing y Rite Aid, entre otras.