Apenas unas horas después de la celebración de su triunfo electoral, el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó ayer los contactos con los gobernadores del país, incluyendo los de la oposición, plasmando su deseo de obtener un amplio consenso para inaugurar su segundo mandato con una reforma política, que gira en torno de tres puntos: asegurar la fidelidad de los diputados en el voto en el Congreso, la elección por el sistema de listas –y no nominal como hasta ahora– y la financiación pública de las campañas electorales.

Lula quiere aprobar este paquete de medidas en los primeros seis meses de su nuevo mandato, que comenzará el próximo enero. Con el sistema actual, el Congreso está atomizado en numerosas formaciones políticas, haciendo imposible cualquier mayoría. Además los diputados suelen cambiar el sentido de su voto haciendo saltar por los aires las previsiones. Este es el escenario del primer gobierno, pero el presidente quiere estabilidad en el Legislativo –y la colaboración de los gobernadores– para asegurarse sus dos ambiciones: la lucha contra la pobreza y el crecimiento económico.

Exultante por su nueva victoria, Lula prometió que hablará con todos los partidos de la oposición y que “no se excluirá a nadie”. Del mismo modo, aseguró que piensa implicarse personalmente en el diálogo con el Congreso brasileño. Pero la negociación con la oposición plantea dos problemas a Lula. El primero es el amplio abanico de ideologías y matices políticos que forman el arco político brasileño. De 33 ministerios existentes, el Partido de los Trabajadores (PT) apenas ocupa 15.

El segundo problema político tiene que ver con el PT, que en esta nueva estrategia de diálogo deberá perder peso específico en un momento en el que van a comenzar los movimientos de cara al reemplazo de Lula para dentro de cuatro años. La mano tendida de Lula por ahora parece haber tenido una buena acogida entre la oposición. El nuevo gobernador de Minas Gerais, el socialdemócrata Aecio Neves –a quien muchos en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) consideran presidenciable–, se apresuró ayer a declarar que colaborará con el presidente. “Hay un tiempo para elegir y un tiempo para construir. Estaremos en la oposición, pero eso no impedirá que negociemos respecto de una agenda”, destacó.

Lula puede contar con la lealtad de 17 gobernadores del total de 27 existentes en el país, ya que pertenecen al PT o a partidos que forman parte de su coalición. Mientras, en el PSDB ya han comenzado las tácticas para sustituir al derrotado Geraldo Alckmin. Neves y el gobernador de San Pablo, José Serra, no quieren que las disputas internas puedan ser usadas por el PT y que el PSDB dé una imagen de desunión.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.