“Celebramos la iniciativa y estamos expectantes para que avance en el sentido de la despenalización, porque es necesario eliminar el consumo personal del ámbito penal”, remarcó Pablo Zimmerman, de la organización civil para la reducción de daños Intercambios. En sintonía con su trabajo, consideró que “está muy bien” que se construya un consenso en materia de drogas, siempre que sea dentro de un debate “que incluya a políticos, organizaciones de la sociedad civil, médicos, científicos y legisladores”.

–¿Qué aporta la ciencia objetiva a un campo signado por el prejuicio?

–En principio, la dirección política no se puede permitir el prejuicio, y en ese sentido es más fácil consensuar cuando existen evidencias científicas sobre el consumo de drogas que permitan abarcar la complejidad de la problemática y elaborar mejores políticas de reducción de daños.

–¿O sea que el Gobierno no debería impulsar una política abstencionista en el tratamiento a los usuarios de drogas?

–Claro, debería implementar un sistema de reducción de daños. Hoy existe una respuesta predominante que tiene que ver con ofrecer a las personas con problemas con las drogas programas de encierro y abstención. Pero lo que no se comprende es que muchos, por su avanzado grado de dependencia de lo que consumen, no pueden dejar de hacerlo. El Estado debe entonces proponer una variedad de alternativas con base en verdades científicas para que esas personas puedan lidiar con los riesgos.

–¿Habla de riesgos fisiológicos o del de caer preso por fumar un porro?

–En principio, y más allá del tipo de relación (dependencia, consumo eventual, costumbre) que el usuario establezca con la sustancia, ninguna persona debería entrar en la órbita penal por consumir drogas. La cárcel no es la herramienta que ayuda, y en ese sentido no alcanza con la despenalización sino que hay que dar otras respuestas, que podemos aportar las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en este tema: la educación, la verdad científica, la medicina, la asistencia social.

–¿Qué sucede desde el Estado con la reducción de daños “fisiológicos”?

–Esos riesgos llegan cuando aumenta el compromiso que la persona tiene con la droga, con la dependencia que le genera. Y allí es donde el sistema actual de prevención no funciona: la gran franja de consumidores más comprometidos no tiene acceso al sistema sanitario o no pueden costear los gastos de un tratamiento.

–¿Cuál es el papel de la salud pública?

–Está ahí, pero no funciona. El gran problema de la salud pública es que no contempla el hecho de que cada usuario precisa de respuestas particulares, y el Estado debe admitir que hay grados avanzados en los que no se puede aplicar la abstención. La única respuesta es la reducción de daños para el usuario.

Informe: Luis Paz.