“(...) El gobernador de la Provincia de San Luis me ratificó en el cargo. Ahora viene lo bueno...les prometo la cabeza de la jueza en bandeja de plata para antes de fin de año.” El coronel retirado Guillermo Gustavo López, el ministro de Seguridad de San Luis, se sintió seguro tras su confirmación de boca de Alberto Rodríguez Saá y apuntó a la magistrada Carina Gregoraschuk, quien el lunes pasado lo había hecho detener como cómplice en una causa por robo. En unas pocas líneas a sus “estimados amigos, familiares y camaradas”, el oficial retirado dio rienda suelta a su deseo.

López ascendió a ministro en noviembre del año pasado desde la titularidad del Servicio Penitenciario provincial. La delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó la designación por la participación del militar en el Operativo Independencia, cabecera de playa del terrorismo de Estado en 1975 en Tucumán. López suele jactarse entre sus conocidos de “haber combatido en Tucumán contra todos esos zurdos”.

El coronel pertenece a la Promoción 103 del Ejército, una camada en la que se distinguen varios uniformados acusados por delitos de lesa humanidad. Los nombres del teniente coronel Paúl Alberto Navone, quien aparentemente se suicidó hace dos semanas en Córdoba antes de declarar en una causa por robo de bebés; Alejandro Duret, quien está preso en Marcos Paz acusado del asesinato de un militante de la Juventud Peronista en Azul; Juan Daniel Amelong y Horacio Losito, quienes están siendo juzgados por la represión en la zona del II Cuerpo de Ejército. También formó parte de esa camada, Guillermo César Viola, titular de la Unión de Promociones, la corporación castrense que reivindica los años de plomo y tiene entre sus abanderadas a Cecilia Pando.

López tuvo en los ’90, como último destino militar el comando de Artillería de San Luis. En esos años trabó amistad con los hermanos Rodríguez Saá. Desde que el gobernador decidió candidatearse a la presidencia en el 2007 afianzó los vínculos con la Unión de Promociones que se acercó a dar su apoyo. Antes de los comicios de octubre pasado, el mayor retirado Rafael Mercado, más conocido como el esposo de Pando, hizo circular una carta por Internet en la que luego de descartar “los proyectos marxistoides de la izquierda” promovía la votar por alberto Rodríguez Saá porque “su objetivo primario” es acabar con la política de derechos humanos. Un hermano de Mercado fue también compañero de promoción del ahora ministro López.

“El show ya terminó, si alguien piensa que con la prensa me van a voltear lejos de la realidad, a lo largo de mi vida he caído 10 veces; 100 veces; 1000 veces y 1001 me levanté”, se entusiasmó López en la carta a sus “amigos”. El coronel retirado volvió a su despacho pero sigue procesado y se ve que con tiempo para buscar solidaridades.

La jueza Gregoraschuk investiga a López porque cuando era director del Servicio Penitenciario Provincial permitió la salida de un recluso que al rato estaba robando una moto. Acorralado antes de entregarse, el ladrón pidió ver a López. El robo ocurrió el 21 de julio del año pasado, luego de que el preso Ariel Guardia, que en ese momento debía estar detenido, consiguió un permiso de salida de López. Al ser descubierto, el ladrón huyó y se refugió en su casa, mientras la policía esperaba la orden de allanamiento, llegó López y se llevó a Guardia en su auto. La jueza procesó al funcionario como cómplice del robo.

Al quedar libre, el ministro desmintió las acusaciones de la magistrada. “Yo no lo dejé salir, hice cumplir un oficio judicial”, dijo y apuntó contra la jueza: “No es el primer encuentro que tengo con ella, he tenido problemas particulares”. En las comunicaciones con sus amigos y camaradas, López dejó en claro cómo imagina solucionar esos “problemas”: prometió “la cabeza de la jueza en bandeja de plata antes de fin de año”.

La continuidad del coronel retirado en el gabinete puntano marca el fortalecimiento de un grupo de uniformados en la política de seguridad. López también propuso el desembarco de Francisco “Pancho” Casares, otro militar retirado, para liderar el Instituto Policial de San Luis. Casares es concuñado del general Osvaldo Montero, ex jefe de Inteligencia del Ejército, quien fue desplazado en noviembre pasado acusado de conspirar contra la ministra de Defensa Nilda Garré y denunciado por manejos non sanctos ante la Oficina Anticorrupción.