La seguridad es una de las obsesiones de Mauricio Macri. Sabe que para sus ansias de poder es crucial resolver el tema. Su electorado no le perdonaría esa falla. Ante el fracaso de las negociaciones con la Nación para conseguir el traspaso de la policía con el financiamiento garantizado, el jefe de Gobierno porteño anunció que creará su propia fuerza del orden. Esta semana presentará el plan y el proyecto de la Academia para formar a los futuros agentes. Detrás de esa formalidad se está librando una batalla por el manejo de la información y de los negocios. Personajes de la talla del ex comisario Jorge “El Fino” Palacios, quien fue desplazado por el ex presidente Néstor Kirchner de la cúpula de la Federal y William Godoy, delegado del FBI en la Argentina, están operando para llenar de “contenido” a los nuevos uniformados.

Hace un mes, el legislador de PRO Cristian Ritondo presentó un proyecto para crear la policía comunal o aceptar la transferencia del personal de la Policía Federal. En ese momento todavía no se había realizado el almuerzo entre Macri y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El ex presidente de Boca Juniors que ofició de anfitrión en el palacio municipal se convenció de que no le darían la plata. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, fue instruido entonces para acelerar los trámites.

El ex juez federal, quien llegó al gabinete macrista de la mano de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, sería partidario de mantener una buena relación con la Federal. No levantar olas. Sin embargo, desde el riñón de Ritondo aparecen los viejos “barones” de la Federal y pugnan por aceitar las relaciones con El Fino Palacios. El ex superintendente de Investigaciones es un viejo lugarteniente de Macri que añora desembarcar en el equipo del líder de PRO. Hasta mediados del año pasado fue jefe de Seguridad de Boca Juniors y desde allí hizo todo lo posible para quedar desvinculado de la causa por la masacre del 20 de diciembre del 2001 en Plaza de Mayo.

En el 2004, Kirchner ordenó la remoción de Palacios. El desencadenante del desplazamiento fue la transcripción de un diálogo entre Palacios y Jorge Sagorsky, el reducidor de autos acusado por el fiscal Jorge Sica de ser miembro de la banda que mató a Axel Blumberg. Palacios argumentaba dentro de la Policía Federal que su única relación con Sagorsky era el tipo de contacto que un oficial mantiene con un informante. En el entorno kirchnerista adujeron que habían perdido la confianza del hombre que estaba a cargo nada menos que de la Superintendencia de Investigaciones y a cargo de la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (Duia).

La participación de oficiales de policía en el robo de autos fue la que impidió una investigación profunda del atentado contra la AMIA y la que garantizó que los secuestradores de Axel Blumberg disfrutaran de una zona liberada –liberada de toda seguridad por parte del Estado– para privar de su libertad a una persona y matarla.

Palacios ya estaba en el llano cuando la jueza federal María Servini de Cubría le trabó un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes y lo procesó por el delito de “homicidio imprudente” de cinco manifestantes en Plaza de Mayo. Ese 20 de diciembre, durante la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa, Palacios no estaba de servicio, pero dijo que se acercó a la plaza para cumplir con su deber. “Por una cuestión moral”, declaró.

El año pasado, Servini se apartó de la causa con un escrito por demás llamativo. Dijo sentirse agraviada por las “insinuaciones” del comisario general Rubén Santos y de su “consorte de causa, Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), buscando apartarme del sumario”. “Si a estas circunstancias, per se extrañas, sumo los comentarios que escuchara respecto de las amistades y vínculos que mantendrían los oficiales superiores Jorge Palacios y Rubén Santos con varios miembros del Poder Judicial, se percibe que se estaría procurando cualquier excusa que impida el tratamiento del fondo de la cuestión y con eso lograr mi apartamiento”, explicó la jueza.

La causa todavía no llegó a juicio, pero la situación judicial de Palacios mejoró. Tener cerrado ese flanco es esencial para las aspiraciones políticas del comisario retirado que encuentra ahora la oportunidad de colar a su gente en la nueva estructura porteña.

Las excelentes relaciones de Palacios con el delegado del FBI, William Godoy, le sumarían méritos a los ojos de quienes quieren tener a los “expertos” custodiando la principal metrópoli del país. Otro estadounidense, Ross Newland, ex jefe de la CIA en Buenos Aires, fan de Boca Juniors, sería de la partida en la búsqueda de información y negocios.

La publicación en Página/12 de la foto de Newland provocó un escándalo político entre el gobierno de De la Rúa y la central de Inteligencia, que se vio obligada a relevar al agente secreto cuya identidad había sido develada. En Washington estaban convencidos de que fue la SIDE la responsable de la filtración de ese “secreto” y en aquel momento ya se mostraban proclives a confiar en Palacios. Desde la Dirección de Lucha Antiterrorista y Delitos Transnacionales, El Fino se había granjeado la simpatía de los agentes de El Norte.

Los contactos siguen intactos y ahora están haciendo lobby

para copar la estructura que creará Mauricio Macri. Queda por verse el rol que jugará la Policía Federal.