Desde Rosario

La declaración de Raúl Flores, uno de los dos matadores de Abel Beroiz, quien era tesorero de la Federación de Camioneros liderada por Hugo Moyano, puso sobre el tapete la internas gremiales que tiñen este episodio policial con derivaciones en el ámbito político-sindical. El foco está puesto sobre tres personajes que fueron involucrados directamente en el episodio por Flores: Luis J, conocido entre estibadores y trabajadores portuarios como un “abogado trucho” para trámites varios, como el cobro de indemnizaciones; un dirigente sindical santafesino de apellido que empieza con A, y un “pelado” que el asesino aseguró haber visto en las imágenes tomadas del sepelio de Beroiz, cerca del féretro. Ayer, el juez Osvaldo Barbero ordenó “extremar” la seguridad de Flores porque recibió indicios de que podría ser víctima de un atentado.

Luis J no posee título, pero asesora a víctimas de daños o de accidentes laborales y tuvo clientes en el puerto de Rosario. Flores trabajó allí e indicó que podría estar “vinculado al gremio de los camioneros”, en el que enroló al hombre del apellido con A. La referencia del matador sobre el “pelado” llevó a errores, ya que entre los calvos que cargaban el ataúd del dirigente asesinado había un calvo que es el propio hijo. Este “pelado” le habría entregado a Flores los 20 mil pesos como parte del pago de los 80 mil prometidos inicialmente.

Tras escuchar la pormenorizada confesión, Barbero reimplantó el secreto de sumario que se extenderá por 10 días más y dispuso que Flores quedara alojado en la Jefatura de la Unidad Regional II, aislado del resto de los presos y bajo custodia de un grupo de especial de la policía provincial.

El magistrado incrementó las medidas de seguridad por temor a que sufriera un atentado. En este contexto, el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Daniel Cuenca, se comunicó con el juez para ofrecerle colaboración.

El caso salpica a la dirigencia nacional de camioneros, aunque las pruebas recolectadas hasta el momento ponen el eje en una “interna provincial”. Las disputas dentro del Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe constituyeron el centro de la atención de los investigadores que procuran aclarar el crimen, quienes pusieron la lupa sobre un grupo interno, encabezado por Raúl Alfredo Luna, quien pretendía desplazar a Beroiz de la secretaría general del gremio.

Tras el crimen, Luna pasó a liderar el sindicato provincial. Antes era el adjunto. Ahora es también el número dos en la Federación de Camioneros, pero el propio Moyano le pidió una “licencia” hasta que se aclare todo.

El juez Barbero tiene entre los papeles del expediente un escrito que le atribuye a Luna haber gestado una estructura de colaboradores, varios de ellos de la comisión directiva con mandato hasta 2008 en el sindicato provincial, para hacerse del control interno desplazando a Beroiz.

Las discrepancias entre ambos surgieron a fines de 2006. Fuentes del mismo gremio dan cuenta de varios episodios significativos. Uno ocurrió en enero de 2007, cuando se desató un durísimo conflicto en la empresa de transportes de cargas Dolzani Hermanos, por un reclamo para que la empresa remunerara en base al convenio de camioneros y no a porcentajes por kilómetro. Treinta y tres camiones quedaron paralizados. Veintinueve en otras provincias y fuera del país. Beroiz se disgustó fuertemente con su segundo, por considerar que el rígido manejo del conflicto de Luna en Dolzani había sido inconsulto y ajeno a la metodología que él proponía.

El distanciamiento se notó a principios de octubre pasado cuando se inauguró la nueva sede gremial de camioneros de Venado Tuerto, con la presencia de Moyano. Luna no subió al escenario junto con Beroiz y el ex intendente Roberto Scot (un duro identificado con la derecha peronista).

Buena parte del gremio interpretó eso como un desplante.

Lo que más habría fastidiado a Beroiz fue enterarse de que miembros de la comisión directiva armaban reuniones fuera del sindicato para desbancarlo. El texto que maneja el juez Barbero señala que Beroiz llegó a pensar en correr a Luna de su puesto, pero respetó su cargo “y no escuchó los consejos que le decían que (Luna) haría cualquier cosa por el poder”.

Fuentes del gremio destacaron que entre Beroiz y Luna había diferencias de método y de criterio. Una situación que complica a Luna es que, según fuentes de la investigación, existe una constancia judicial de que uno de sus colaboradores se comunicó con uno de los presuntos asesinos.

Entre las personas del entorno de Luna se investiga a Juan Dell Arciprete, un ex delegado de Casilda, al que Beroiz había suspendido la licencia gremial, según fuentes internas, debido a presentación de tickets por gastos excesivos. En su jurisdicción le atribuyen circular armado. Con la muerte de Beroiz pasó de ser vocal suplente a titular. También se investiga a un hombre que no pertenece al sindicato, pero que acompaña a Luna “fuertemente armado”.

Lo que es cierto es que en toda organización hay disputas de poder. Y ninguna de estas intrigas sustentaría una acusación. No obstante, todo esta trama interesa en detalle al juez Barbero y a la policía. Luna no está nombrado en la declaración de Flores, aunque sí hay al menos uno de los investigados con anterioridad.