Los fiscales que investigaron cerca de 700 designaciones falsas e irregulares de empleados ñoquis en el ex Concejo Deliberante porteño pidieron que una parte de la megacausa sea elevada a juicio oral. Solicitaron que se juzgue a 35 ex funcionarios de diferentes fuerzas por malversación de caudales públicos y falsificación de documento público. Pero la pesquisa no terminará ahí: más adelante la imputación sería ampliada al delito de asociación ilícita, que no es excarcelable, y serían enviadas a juicio por lo menos otras cincuenta personas más.
El requerimiento de los fiscales Marcelo Roma, Horacio Amelotti y Augusto Troncoso fue presentado al juez Alberto Baños el lunes último y recuerda cómo funcionaba, a modo de una aceitada organización, el sistema de nombramientos truchos. En algunos casos, eran personas que nunca habían trabajado en el viejo Concejo Deliberante cuya identidad fue utilizada para que “alguien” cobrara por ellos y, en otros, era gente que quizá trabajaba para algún concejal o cumplía pequeñas tareas pero su función no se correspondía con el dinero que cobraba. Las designaciones fueron firmadas entre 1993 y 1996 por sueldos de entre 1500 y 2600 pesos. Estos últimos correspondían a cargos directivos.
A entender de los fiscales deben ir a juicio, entre otros, el ex presidente del Concejo Juan Trilla (UCR), el concejal radical Roberto Larrosa, el ex secretario administrativo de ese bloque Braulio Feliú, la ex funcionaria del PJ Claudia Cabezón, la ex funcionaria de la UCeDé Patricia Siracusano, el ex subsecretario del bloque del PJ Eduardo Baeza, el ex concejal de la UCR Humberto Bonanata, la ex concejal y ex directora del Banco Ciudad Marta Scarabaglione y el ex concejal radical Eliseo Roselló, que está preso.
Según el planteo de la fiscalía, los ex funcionarios responsabilizados tenían pleno conocimiento y/o voluntad de participar de delitos que apuntaban a desviar fondos públicos. El circuito, sostienen, empezaba cuando un concejal le llevaba una lista de designación de personal de planta transitoria al presidente del Concejo. La maniobra terminaba cuando alguien iba a cobrar algo que no le correspondía incluso con la certificación de algún empleado del órgano legislativo. Entre los imputados, cuya situación está aún indefinida, se encuentra el ex presidente Fernando de la Rúa, quien pidió la nulidad de su llamado a indagatoria.